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URBANISMO
Ourense es la ciudad y el único municipio de los 313 de Galicia donde las licencias municipales urbanísticas tardan de media 24 meses en resolverse. Así lo reflejan los últimos datos de la Federación Gallega de Empresas Inmobiliarias (Fegein). El tiempo de espera de una licencia municipal de obras en el conjunto de Galicia actualmente supera los 15 meses, agravándose en todo el 2024, y teniendo una expectativa negativa como mínimo para este primer semestre del año en curso. En el caso de Ourense, la situación se ha agravado, pasando de 18 a 24 meses la demora media para obtener una licencia.
La Lei do Solo de Galicia fija en tres meses el tiempo máximo para la concesión de una licencia urbanística municipal, mientras que la legislación estatal recomienda un máximo de tres meses para obras mayores y un mes para las menores. Cierto es que ningún municipio gallego y ourensano cumple, pero el que menos lo hace es la ciudad de Ourense.
Según los datos, el tiempo medio de espera que ha tenido que soportar una persona física o jurídica por una licencia de obra en las siete principales ciudades de Galicia en el recién acabado 2024 dejan a Ourense y su política urbanística en un pésimo lugar. Con 24 meses de demora para la concesión de licencia, se distancia de forma abismal del resto de ciudades: Lugo, 15 meses; Ferrol y Pontevedra, 14 meses; Santiago, 12 meses; Vigo, 11 meses; y A Coruña, 10 meses.
“Es inasumible para muchas empresas por el alto coste repercutido”, señala Benito Iglesias, presidente de Fegein. Considera que “es totalmente injustificable el caos urbanístico de la ciudad de Ourense”, en la cual se producen hechos tan “surrealista” como el del retraso de tres años ya en la licencia solicitada por la Fundación San Rosendo para su residencia de mayores en la avenida de Pontevedra.
Entre las causas principales de esta precaria situación, advierte Fegein, están los escasos recursos humanos de los concellos, con puestos con mucha rotación y a veces con “limitada formación jurídica”; una “excesiva burocratización del proceso”, que incluye falta de coordinación entre estamentos y una falta de organización en el proceso administrativo, así como una “falta clamorosa de digitalización en el proceso en las administraciones locales”.
Los retrasos de las licencias, apunta Benito Iglesias, generan “un notable retraso en la puesta en marcha de las actividades económicas, un elevado coste para las personas físicas o jurídicas que lo asumen a elevados tipos de interés en concepto de financiación para ejecución de las obras, un sobreprecio para los compradores de la propiedad y menos recursos económicos en los Concellos, ya que la recaudación de IBI y de Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras se retrasa o se anulan ante la tardanza”.
Fegein propone crear una ordenanza de simplificación de trámites urbanísticos para agilizar licencias de rehabilitaciones; incentivos y seguridad jurídica; estímulos al alquiler y obra nueva; una transformación digital; agilización de la aprobación de los PXOM y agilizar la creación de las juntas de compensación y los proyectos de urbanización.
Normativas claras, concretas, agrupadas y legibles, todo ello con una ventanilla única urbanística y una simplificación administrativa real. Esa es la petición del presidente de Fegein, Benito Iglesias, para frenar el descalabro de licencias urbanísticas en Ourense. “No puede ser que se tarde no solo meses, sino años en dar una licencia municipal de obras, reformas o rehabilitación”, precisa, haciendo un llamamiento a “reducir la burocracia urbanística a su mínima expresión”.
Ourense necesita de un PXOM -está en vigor el de 1986- para garantizar su viabilidad económica, social y demográfica, pero, advierte Iglesias, “jamás de los jamases se deben repetir los errores anteriores” a la hora de aprobar el nuevo plan. “A día de hoy, Ourense es la única de las siete grandes ciudades de Galicia que no tiene un plan general de ordenación urbana, lo cual ha propiciado la perdida de cientos de millones de euros de inversiones en nuestra ciudad y la pérdida de más de 4.000 empleos en la última década”.
Recuerda Benito Iglesias que el PXOM de 2023 fue anulado en nueve sentencias de del TSXG, entre otras causas, por haber introducido cambios sin una posterior fase de exposición pública, por lo que advierte de la necesidad de aprobar un nuevo PXOM “ambicioso, contundente y, sobre todo, trasparente, Finca Santamariña incluida”. Y, concluye, solo será transparente “cuando la planimetría y redacción se expongan al público para poder hacer las correcciones y alegaciones necesarias”.
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