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El goteo de juicios suspendidos en los penales ourensanos es continuo. Semana tras semana, día tras día, se aplazan vistas por múltiples motivos, las cuales se tienen que posponer varios meses debido a un calendario ya de por sí saturado. En este sentido, en 2023, en los juzgados de lo penal de la provincia, hubo casi tantos juicios suspendidos como celebrados, 590 frente a 639.
Es decir, el 48% de las vistas con intervención de Fiscalía tuvieron que ser aplazadas. Esto supone un incremento considerable respecto al 2022, donde se suspendieron el 30,52%, según los datos de la memoria anual presentada por la Fiscalía de Galicia. Como consecuencia, se celebraron 169 juicios menos. Estas cifras muestran la saturación que sufren los penales ourensanos, pese a que las juezas y el resto de profesionales de estos juzgados están redoblando esfuerzos para sacar el trabajo adelante.
Respecto a los datos gallegos, en los juzgados de lo penal se suspendieron 5.062 juicios en los que intervino la Fiscalía, el 44,03% del total, y se celebraron 6.434. En cuanto a las suspensiones, Ourense tuvo el mayor porcentaje (48%), seguida de A Coruña (47,29%), Pontevedra (41,57%) y Lugo (34,98%).
El informe subraya la gran incidencia que tuvieron las huelgas, tanto la del funcionariado judicial como la de los profesionales del turno de oficio, a las que cree que son probablemente atribuibles el descenso de juicios celebrados y el incremento de las suspensiones.
De hecho, este 2024 el goteo de suspensiones no cesa debido en gran parte a que abogados y procuradores de la Justicia gratuita continúan en huelga reclamando sus derechos, la cual no parece que vaya a terminar en el corto plazo, según fuentes las consultadas.
La reducción en el número de juicios celebrados tuvo un efecto búmeran dejando el 2023 como el año con menor número de condenados mayores de edad en la provincia, solo por detrás de 2020, año marcado por la pandemia. En total, el pasado año hubo 1.134 adultos condenados en Ourense, la mayoría de ellos en la franja de entre 41 y 50 años (277), seguida por la de entre 51 y 60 años (184). En cuanto a la procedencia, 1.002 -el 88,35%- tienen nacionalidad española mientras que apenas 132 son originarios de otros países. Además, el 84,47% de los condenados son hombres y solo el 15,53% mujeres.
El pasado año, 46 menores fueron condenados. La Fiscalía de Ourense advierte de la relación directa entre la delincuencia juvenil y el acceso a través de internet a contenido inapropiado tales como imágenes de contenido pornográfico, violento, lenguajes inapropiados, modas que promueven valores negativos como la cosificación de la mujer, estereotipos machistas dominantes o informaciones falsas.
Por ello, la sección de menores propone la idea de exigir a las redes sociales que restrinjan al máximo el grado de privacidad de los perfiles de los menores de edad, ya que la Agencia Española de Protección de Datos comprobó que a los 8 o 9 años los menores entran en las redes sociales y se registran con o sin el conocimiento de sus padres, poniendo una fecha de nacimiento anterior a la suya para que supere la edad mínima exigida por la plataforma.
En este sentido, pone de relieve os riesgos a que se exponen los menores en internet en general como cyberbullying, sextorsión o adicción a las redes sociales.
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