Calviño, sobre el vaciado de presas: "Habrá medidas ya”

El Gobierno central aseguró ayer que tomará medidas legales “inmediatas” contra las empresas hidroeléctricas -singularmente Iberdrola- que incurren en “mala praxis” por el vaciado de embalses, mientras el PP gallego sostuvo que solo la Xunta ha movido ficha en este sentido. La vicepresidenta primera del Ejecutivo, la socialista Nadia Calviño, descartó crear una compañía energética pública como pide su socio de Gobierno, Unidas Podemos, y advirtió de que la Administración central tomará medidas legales “inmediatas” contras las hidroeléctricas que están cometiendo “malas prácticas”, ya que “no se puede permitir que se realice una gestión inadecuada de unas concesiones públicas que, por razones puramente de beneficios de las empresas, tengan consecuencias sociales y medioambientales”.

Por su parte, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, tildó ayer de “disparate medioambiental” el vaciado en los embalses de la cuenca Miño-Sil, aseguró que “no cumplen” la legislación autonómica y remarcó que actuará “en el estrecho margen de competencias que tenemos”. Cree que el vaciado fue “incorrecto” al no cumplir la normativa fluvial gallega. Además, el portavoz parlamentario del PPdeG, Pedro Puy, recordó que “no hubo autorización” de la Xunta, porque “no solo tiene que haber comunicación sino también autorización”, y dejó claro que hay “varias evidencias” de que la Confederación Hidrográfica Miño-Sil actuó mal, pues “los que son competencia de la Administración gallega no están vacíos”.

Caballero exige disculpas

El líder del PSdeG, Gonzalo Caballero, afeó el retraso del Gobierno gallego en tomar medidas y exigió a Feijóo que se disculpe: “Hai unha serie de probas que evidencian que a Xunta tiña coñecemento do baleirado, polo que o presidente non dixo a verdade e enganou aos galegos”. En cuanto a la situación actual, empeoran As Conchas (31%), O Bao (49%) y Albarellos (24,9%) y se mantienen As Portas (14,5%) y Salas (26,5%).

Mientras, la Federación Nacional de Comunidades de Regantes exigía al Gobierno que incrementase un 25% la capacidad de los embalses para abaratar el “disparado” recibo de la luz.