Coronavirus en Ourense | La economía del cisne negro

Sin duda, afrontamos la mayor crisis sanitaria conocida por su impacto internacional y social y, si me lo permiten, ya podemos decir que afrontamos una nueva crisis economía mundial, de difícil pronóstico temporal. Estamos hablando de un virus que de un plumazo ha encerrado en casa a millones de clientes, ha destruido los beneficios de empresas y bolsas, y ha dañado la base del actual modelo económico mundial: el intercambio globalizado de personas y mercancías.

En este contexto el Estado debe actuar y el Gobierno ha tomado medidas de corte social y económico para preservar a la población y actuar en la defensa del tejido empresarial. En conjunto, 200.000 mil millones de euros, el 20% de nuestro PIB anual a disposición de la salida de este "cisne negro".

Las medidas se centran en cuatro ámbitos concretos: familias, empresas, trabajadores y autónomos.

FAMILIAS

Para las familias, el objetivo es preservar a los más desfavorecidos. En este punto, dos acciones directas: suspensión de cualquier corte del suministro de luz, agua, gas o, —y este es un punto novedoso—, de las telecomunicaciones, mientras dure la situación de alarma.

Hay un mecanismo de moratoria en el pago de hipotecas de la vivienda habitual, es decir, que en caso de situación delicada podemos pedir la suspensión (intereses más reembolso del capital). Esta moratoria no es un perdón de la deuda, es un retraso.

Indirectamente, debemos resaltar que el Estado refuerza la cobertura social con un Fondo Social Extraordinario, con 600 millones de euros, y además permitiendo a los ayuntamientos gastar su superávit del año 2019 para acciones de refuerzo del sistema social. Es decir, reforzar servicios a domicilio, atención a residencias o centros de atención, entre otros.

EMPRESAS

Para las empresas, se trata de asegurar su solvencia financiera y por tanto su pervivencia en el tiempo. Para ello se activa un canal de avales de 100.000 millones, donde el Estado lanza un mensaje internacional a los acreedores: las empresas españolas van a pagar sus deudas o lo va hacer el Estado. La acción busca transmitir confianza en el sistema empresarial español. Una medida que forma parte del abc de gestión de este tipo de crisis.

Esta medida se refuerza con una segunda acción, asegurar la disponibilidad de crédito para el funcionamiento diario del tejido empresarial. En este caso hasta 10.000 millones mediante el fondo ICO.

AUTÓNOMOS

Para los más de 3 millones de autónomos de España se aprueba una medida extraordinaria: prestación extraordinaria por cese de actividad para los afectados del estado de alarma. Los beneficiarios serán aquellos autónomos vinculados a actividades que quedan suspendidas por el periodo de confinamiento, caso de los hosteleros o del comercio.

El segundo grupo de beneficiario será aquel que sufra graves pérdidas, en concreto, cuando su facturación del mes anterior al que solicita la prestación haya perdido el 75% de los ingresos en relación al promedio de facturación del semestre anterior. La prestación a recibir será equivalente al 70 % de la base reguladora de la cotización profesional.

TRABAJADORES

En el caso de los trabajadores, además de facilitar el teletrabajo, y la facilidad de reducción o adaptación de jornada, el cambio principal procede de la modificación de las condiciones de un ERTE. En este caso los cambios son sustanciales:

- No se pierde del tiempo de paro: el tiempo que los trabajadores accedan a prestaciones se producirá sin periodo de carencia, es decir, se repondrán los días de paro consumido para que los derechos que tengan acumulados no se vean afectados.

-No se exige cotización previa: antes para ser beneficiario de un ERTE se debía cotizar al menos 360 días en seis años, ahora ya no se exigirá ningún periodo de cotización anterior.

-El periodo de ERTE tendrá valor para la cotización de la Seguridad Social y demás derechos sociales.

- La base reguladora para calcular la prestación por desempleo será la resultante de computar el promedio de las bases de los últimos 180 días cotizados o, en su defecto, del período de tiempo inferior.

- Durante el periodo del ERTE las empresas no deben pagar sus cotizaciones en caso de ser empresas con menos de 50 empleados. Si el tamaño laboral supera esa cifra la empresa deberá asumir un 25% de los costes sociales.

Estas medidas descritas seguramente solo serán el inicio de una batería de acciones de mayor calado socioeconómico.