La cuenca Miño-Sil requiere 1.500 millones de inversión

La Demarcación Hidrográfica del Miño-Sil requerirá una inversión de 1.531 millones de euros entre 2026 y 2035 para optimizar la gestión de sus recursos hídricos y adaptarse al cambio climático. Según el informe elaborado por la consultora Typsa y la patronal de la construcción Seopan, España necesita más de 103.800 millones de euros en ese decenio. En el caso del territorio del Miño-Sil, 1.251 millones deberán destinarse a la atención de demandas hídricas y los 280 millones restantes a la mitigación de los riesgos por inundación.

El grueso de las actuaciones planificadas se focaliza en las infraestructuras del ciclo urbano del agua. En concreto, se estiman 1.019 millones de euros para la renovación y modernización de las redes de abastecimiento, saneamiento y depuración, con el objetivo de alinearlas con la normativa comunitaria. Además, se proyectan 92 millones de euros para la restauración ambiental del Dominio Público Hidráulico, principalmente en antiguas explotaciones mineras, 82 millones para la digitalización e investigación del ciclo integral del agua vinculada a los programas PERTE, y 58 millones orientados a la adaptación agrícola y la renovación de los sistemas de regadío en zonas como A Limia o El Bierzo.

Por lo que respecta a la prevención frente a avenidas, el informe cuantifica en 193 millones de euros la partida para Sistemas de Drenaje Urbano Sostenible y gestión de escorrentías. A esta cifra se suman 77 millones previstos para la conservación de cauces a través de infraestructuras verdes y 10 millones para intervenciones de protección estructural. La urgencia de estas obras viene respaldada por el mapa de vulnerabilidad, que delimita 813 kilómetros de áreas vulnerables y señala que casi 30.000 residentes en esta demarcación habitan en zonas con un riesgo significativo de inundación, afectando en más de la mitad de los casos a terrenos agrícolas.

Pese a la necesidad de estas actuaciones, el estudio elaborado por Typsa y Seopan evidencia un severo cuello de botella administrativo y presupuestario, situando el nivel de ejecución real de los planes hidrológicos en apenas un 30%. El presidente de la asociación constructora, Julián Núñez, advierte de que la lentitud en los procedimientos de contratación pública provoca que las obras demoren más de una legislatura en ejecutarse, reduciendo de forma considerable la resiliencia de la cuenca ante episodios meteorológicos extremos como sequías prolongadas o inundaciones.