Derribo o concurso, las opciones tras la concesión

El pasado mes de abril, Confederación Hidrográfica Miño-Sil y Concello de Xinzo de Limia firmaban un convenio para demoler la presa de Gudín, en el río Faramontaos. La demolición de presas es una de las posibilidades que se le abre a la administración cuando se ha quedado en desuso y sin concesión. En este caso, era una presa para abastecimiento y sin uso hidroeléctrico, que nunca llegó a funcionar bien. El Concello dejó la concesión a principios del siglo XX, poco después de abrirla. Después, hubo intentos por sacarlo a concesión hidroeléctrica pero no fructificó. Finalmente, en 2018 se declaró la extinción y ahora la demolición permitirá recuperar el paso fluvial, tras dejar una honda herida, económica, pero sobre todo ecológico, tras el daño causado estos años.

Tres ejemplos

El derribo de esta presa costará 1,2 millones a las arcas públicas, tras ser construida con fondos europeos y abrirse en 1995, con una inversión de 4 millones de euros. Ahora a la administración le supondrá una cuarta parte para echarla abajo.

Demoler es una opción, pero revertirla al Estado y sacarla a concurso, otra. Así se acaba de hacer con la minicentral de Castadón, cuya concesión, tras años de lucha con Endesa, fue declarada extinguida. En proceso de expediente de extinción está el embalse de Salto del Edo en Castro Caldeas, caducada en 2018. Ahí, una vez informado, se decidirá si volver a sacarla a concurso o derribarla. Y en espera, la decisión que tome el Gobierno sobre cómo se sacarán a concurso y hasta qué punto se compensará a los territorios sobre los que se asientan.

El nuevo modelo: Iberdrola planea una gran central en espacio protegido

La historia de las grandes eléctricas en Ourense se puede resumir como una permanente búsqueda de cómo exprimir un poco más las cuencas de los ríos. Las estaciones de bombeo son hoy el nuevo paradigma especulativo: logran maximizar beneficios al almacenar energía y liberarla en los momentos más rentables para sus intereses. Ahora mismo en la provincia hay varias centrales de este tipo en proceso de diseño o transformación. La más potente es Conso II. Unos kilómetros al norte de su gran proyecto en la Raia (1.178 megavatios instalados entre tres embalses en una concesión a 70 años), Iberdrola solicitó hace unos meses la modificación de la actual concesión de ese embalse de Vilariño para hacer un circuito cerrado con las centrales de Cenza y Bao y armar uno de los acumuladores hidroeléctricos más importantes de Europa (900 megavatios).

Como es habitual, y encuentra eco en los planteamientos para parques eólicos, estos grandes planes se asientan sobre zonas especialmente sensibles a nivel ecológico: Conso está en pleno Macizo Central e integrado en la Red Natura 2000. El colectivo ecologista Adega lo ha criticado recordando que ya la propia central de Cenza dañó en los años 90 la tercera cubeta glaciar más importante de Europa. La empresa eléctrica argumenta que estos nuevos proyectos no tienen esa factura ambiental -son subterráneos- pero la clave puede estar en el proceso de las propias obras. De hecho, en mayo del 2020 la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental de Transición Ecológica informó de efectos adversos en la construcción de una central reversible en Zaragoza por el posible daño que se podría realizar al suelo. La empresa de Ignacio Galán ya tuvo que frenar hace unos años su gran estación reversible en la Ribeira Sacra, Santa Cristina (755 megavatios), debido a los reparos que acabó levantando el proyecto: Iberdrola pretendía construir una descomunal balsa de agua en la corona de los Cañones del Sil, pese al enorme valor medioambiental de toda la zona.

As Conchas-Salas

También ha recibido críticas la intención de Naturgy para unir As Conchas y Salas a través de túneles de cinco kilómetros (375 megavatios). La preocupación por conectar un río limpio con otro, el Limia, afectado por la contaminación, y las decenas de alegaciones presentadas no impidieron la declaración favorable del impacto ambiental, otorgada en 2017. Caducado el expediente, según se publicó recientemente en la prensa especializada, la empresa ha pedido este año una prórroga de esa evaluación para avanzar con un plan que supera los 300 millones de euros.

Un socio gallego del Icomos ya alertaba del peligro en 2011

En el inicio de la segunda década del siglo XXI, la Ribeira Sacra sonaba como una posible candidata a Patrimonio Mundial. No llegó a ser la elegida por España para presentarse ante la Unesco como sí se consiguió en 2019: es posible que la distinción alcanzada por la Torre de Hércules en 2009 perjudicase en ese momento unas opciones que tardarían diez años en concretarse. Pero lo que sí es seguro es que mientras A Coruña recibía la buena noticia, Iberdrola secaba un tramo del Sil para la construcción de Santo Estevo II. Porque fue ahí, en esos años, donde se acumuló otra gran oleada de ampliaciones hidroeléctricas. Los grupos ecologistas, asociaciones, la CIG o el BNG vincularon todas esas obras con el daño a la hipotética candidatura. En 2011, en una entrevista con El Mundo, José Manuel Monterroso, profesor de Historia de Arte en la USC y socio de Icomos, era nítido: “La construcción de embalses son actuaciones agresivas sobre el medio”, recordaba este experto antes de pedir “sopesar la consecuencias” de nuevas intervenciones humanas sobre el medio. Diez años después, ya de forma oficial, este mismo organismo se pronunció en la misma línea.

Espinosa y Liñares

Interpelados sobre las intervenciones que se sucedían en la Ribeira Sacra, costaba diferenciar a la ministra ourensana Elena Espinosa y al presidente de la CHMS, Francisco FernándezLiñares, de dos portavoces de las grandes eléctricas. La titular de Medio Ambiente dio luz verde a prórrogas y obras de ampliación sin reparar en las partes más polémicas de los proyectos. Peares II y Belesar II tuvieron el respaldo de Gobierno y Xunta incluyendo informes como el remitido por la Consellería de Medio Ambiente, que resumía lo perverso de la situación: "El impacto no será significativo por afectar a un medio profundamente alterado por la construcción de sendas presas".

La Xunta sí había informado contra la ampliación de Santo Estevo pero se estrelló contra la falta de competencias efectivas. Y tampoco aprobaba Santa Cristina. Este proyecto acabó frenado, pero desde luego no por la oposición de Liñares: él defendía que Iberdrola siempre trabajaba “con la ley en la mano” y acabó generando una rebelión interna en el PSdeG por sus continuos ataques a los grupos ecologistas. Condenado a cinco años de cárcel por prevaricación y cohecho por su gestión en la CHMS, llegó al cargo en 2008 diciendo que no era partidario de construir más embalses. Solo cuatro años más tarde, según aparece en el sumario de la Pokémon, estaba planeando él mismo levantar una central hidroeléctrica en Ribeira de Piquín.