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CUENTAS
El pleno ordinario del mes de junio sirvió para que la Diputación de Ourense cerrase definitivamente el ejercicio económico de 2023, donde registraron un remanente de tesorería de 74.057.588 euros.
Al mismo tiempo, se presentaban las cuentas generales tanto del Instituto Ourensán de Desenvolvemento Económico (Inorde) como de los consorcios del servicio contra incencios, y de aguas de Valdeorras, que también acabaron ejercicio con superávit en sus cuentas con remanenetes de entre 179.997 y 1.529351 euros. Todas las cuentas presentadas recibieron el respaldo de PSOE y DO, y la abstención del BNG tras su votación conjunta.
La sesión discurrió en su mayoría dentro de una dinámica de acuerdos, registrándose votos en contra solamente en una de las mociones: la presentada por el PP para pedir al Gobierno cambios en la distribución de los fondos Next Generation, donde socialistas y populares discreparon en la utilidad de que se permitiera el acceso directo de los concellos a las líneas de financiación. Patricia Torres, alcaldesa de Boborás y defensora de la moción argumentaba que “non están chegando os cartos como debería. Temos que pedir a subvención, apoiarnos en consultoras e vivir moitos retrasos”.
Le respondía la socialista Elvira Lama que “os fondos non chegan porque os concellos non os piden”, reconociendo después que la falta de personal en los consistorios dificulta el acceso a las ayudas. La moción salió adelante con el único voto en contra del PSOE, e incluyendo una adenda del BNG que pide introducir criterios como la dispersión poblacional o poblaciones envejecidas para que cuenten como discriminación positiva a la hora de acceder a los Next Generation.
Las otras mociones incluidas en la parte resolutiva fueron aprobadas por unanimidad. La primera era relativa a la situación de la mina da Penouta, y una segunda reclamando construir un nuevo instituto en Barbadás.
El pleno ordinario de junio también puso sobre la mesa el nuevo convenio marco para la gestión de residuos sólidos urbanos. Así, se pasará de un modelo donde cada concello firmaba con el ente provincial un documento distinto, y ajustado a sus circunstancias particulares, a unas únicas condiciones para que los consistorios cedan a la Diputación la totalidad de competencias muncipales en la materia, incluyendo la capacidad sancionadora en materia de no separación y recogida de residuos que les corresponde a los municipios.
La votación de este nuevo convenio marco se aprobó por unanimidad. María José Mangana, portavoz del BNG, señalaba que “é cómodo para os concellos, pero nos preocupa unha futura privatización, porque o texto deixa a porta aberta”, algo que desmentía el gobierno provincial recordando que la gestión directa del servicio ya se había debatido y aprobado en un pleno anterior. El portavoz socialista, Álvaro Vila, se interesó sobre cómo repercutirá el aumento en el canon de Sogama, la empresa encargada de gestionar los residos separados, a lo que el PP contestaba que están a la espera de reunirse con la empresa para saber las opciones al respecto.
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