La expropiación de los accesos al Carrefour de Barbadás cuesta al Concello de Ourense 300.000 euros

El Concello de Ourense deberá hacer frente a más de 300.000 euros en indemnizaciones a los dueños de los terrenos que expropió en 2009 con el objetivo de construir los accesos al centro comercial Carrefour. El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) confirma en una sentencia que la ocupación del suelo fue ilegal, ya que los dueños de los terrenos jamás fueron indemnizados. Es el resultado de un largo proceso judicial contra el Concello que se extendió durante más de una década, a raíz del incumplimiento de los convenios expropiatorios de esos terrenos. Los dueños jamás se vieron compensados. La sentencia confirma la dictada anteriormente por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1, que ya condenaba al Concello al pago de más de 300.000 euros por incumplir el convenio con los dueños.

Los cuatro denunciantes se vieron privados de sus terrenos en 2009 a consecuencia de unos convenios firmados por el Concello que no se cumplieron. Los dueños, que no se vieron compensados, iniciaron un largo proceso de reclamación, primero ante el Concello y después por vía judicial. La sentencia del alto tribunal gallego recuerda, de hecho, que “el ayuntamiento incumplió su deber de resolver en la vía administrativa” la situación, lo que provocó este proceso judicial. El Concello interpuso un recurso de apelación, que es el que desestima ahora el TSXG. Además, aunque contra la sentencia cabe recurso de casación, en una de las últimas juntas de gobierno local del Concello, se acordó no interponer recurso por considerarlo inviable.

“Las consecuencias económicas para el Concello serán ahora mucho más gravosas, en la medida en que la sentencia condena al pago de los intereses devengados durante los últimos cinco años, lo que sin duda podría haberse evitado de atenderse en tiempo y forma la reclamación presentada en su día”, valora el abogado Antonio Feijóo Miranda, que asumió la defensa de los propietarios.

Es decir, además de las cantidades de indemnización a los cuatro propietarios -entre todos suman más de 264.000 euros-, el Concello deberá pagar también los intereses desde que se hizo la reclamación, lo que asciende a más de 300.000 euros.