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Las ayudas directas incluidas en la declaración de zona catastrófica del Gobierno por los incendios, cuya aprobación se hizo ayer en Consejos de Ministros, apenas cubrirán 15.000 euros como máximo por vivienda quemada y solo se aplicarán a las residencias habituales. El Consejo de Ministros aclaró declarar zonas afectadas gravemente por emergencias de protección civil en las comunidades de Andalucía, Aragón, Baleares, Canarias, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cataluña, Valencia, Extremadura, Galicia, Madrid, Murcia, Navarra, Euskadi y La Rioja. Quedan al margen Asturias, Cantabria y Ceuta y Melilla.
El territorio incluido en la declaración incluirá finalmente a vecinos de 10 concellos ourensanos, afectados por 9 incendios este verano (finalmente se incluyen los de Castrelo de Miño y Boborás -aunque no tuvieron categoría de Gran Incendio sí obligaron a evacuar personas- y se excluye el de Vilariño, que quemó más de 7.000 hectáreas en O Invernadoiro, pero no llegó a ninguna población). Tampoco aparece en el listado el incendio de A Mezquita, pese a que en ese sí se tuvo que declarar situación 2 por cercanía a las casas. En el conjunto de Galicia, las ayudas podrían llegar a 18 concellos (incluidos los 10 de Ourense), afectados por hasta 20 grandes incendios (9 de Ourense, 5 en Pontevedra y 3 en Lugo y A Coruña).
En todo caso, la contribución estatal a los daños de esta oleada de incendios se quedará en ayudas directas que ejecutará el Ministerio del Interior y que contemplan un máximo de 15.000 euros por casa quemada (15.120 euros y solo si es la habitual y se ha destruido completamente). Esta cifra contrasta con los más de 122.000 (122.400) euros que aportará la Xunta para primeras viviendas destruidas y más de 61.000 (61.200) para segundas residencias, como se recoge en el decreto de medidas urgentes de ayuda para la reparación de los daños aprobado el pasado 21 de julio por el gobierno autonómico.
Las ayudas del Gobierno central cubrirán solo daños en viviendas habituales (no segundas residencias), de las cuales se estima que apenas se calcinaron en torno a una decena en la provincia, así como zonas comunes de edificios, empresas y gastos de concellos para reparar daños en infraestructuras públicas. Estas ayudas también contemplan el 50% de los daños en la estructura de la vivienda habitual (máximo 10.320 euros), el 50 % si los daños que no afectaron a la estructura (máximo 5.160 euros) y hasta 2.580 euros por la destrucción o daños en enseres domésticos, una cifra que en el caso de las ayudas de la Xunta se eleva hasta 15.00. Las subvenciones del Gobierno también contemplan cuantías para comunidades de propietarios, titulares de establecimientos comerciales y agrarios y ayudas a concellos.
Ante la escasez de recursos, el Gobierno se justifica en que “se produce con carácter subsidiario” y como “complemento” a las iniciativas que, “en ejercicio de sus competencias, corresponde a las administraciones públicas territoriales, tanto autonómicas como municipales”.
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