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PREVARICACIÓN OMISIVA
La Fiscalía de Ourense ha abierto diligencias a raíz de una denuncia presentada por la asociación de vecinos O Cimborrio contra el Concello de Ourense por presunta prevaricación omisiva y contra cuatro establecimientos hosteleros por un presunto delito medioambiental debido a la contaminación acústica. Así lo ha confirmado este viernes O Cimborrio, tras lo avanzado por La Región.
La asociación vecinal de vecinos del Casco Vello ha expresado su satisfacción por la apertura de esta investigación, que se produce tras ocho años de conflicto vecinal y centenares de quejas presentadas por los residentes, incluyendo cerca de 1.200 solo por parte de la asociación.
Las denuncias, presentadas el pasado 18 de junio, apuntan a tres locales de la calle Cabeza de Manzaneda y uno de la calle Pena Corneira.
Según una nota de prensa de O Cimborrio, los hosteleros habrían incurrido en un presunto delito contra los recursos naturales y el medio ambiente (amparado en el Artículo 325 del Código Penal).
En cuanto al Concello, la asociación sostiene que ha habido una "constante e inexplicable inacción" que consideran un presunto incumplimiento deliberado de deber, tipificado como delito de prevaricación por omisión (Artículo 404 del Código Penal).
La denuncia se basa en informes policiales y técnicos que, según los vecinos, constataron manipulaciones en los equipos de sonido de los locales. La asociación asegura que los expedientes, incluso los sancionadores, se "dejaban caducar sistemáticamente".
La asociación lamenta que la situación haya tenido un grave impacto en la salud física y mental del vecindario, provocando secuelas como insomnio, depresión y angustia.
La exposición crónica al ruido es considerada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como la segunda mayor amenaza para la salud pública. En casos extremos, algunos residentes se han visto forzados a abandonar sus viviendas, apunta O Cimborrio.
La asociación advierte también que los vecinos, al quejarse, han sufrido "vejaciones, violencia verbal, psicológica, y en algunos casos, física por parte de algunos hosteleros", quienes llegaron a aconsejar a los residentes que "se fueran a vivir al monte", sostienen en su comunicado.
Estos cuatro procedimientos judiciales son solo el principio, avanzan. La asociación ya está trabajando en documentar a 25 locales más para llevar la información a la Fiscalía, por lo que se espera una oleada de nuevas denuncias.
Los abogados de O Cimborrio, que aprecian la comisión de presuntos delitos contra la salud pública, aconsejaron a la asociación abandonar la vía administrativa y acudir a la penal, como "último recurso" para buscar justicia.
La investigación de la Fiscalía, que ya ha comenzado a notificar a los hosteleros y al propio Concello, prevé tomar declaración a políticos, funcionarios, hosteleros y a las víctimas para profundizar en la situación.
Los vecinos de O Cimborrio esperan que la acción judicial consiga "condenas para los que contaminaron las noches y envenenaron nuestras vidas".
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