A juicio en Ourense acusados de vender coches de procedencia ilícita

La Sección Penal acogió este jueves la vista oral contra los hermanos Manuel e Isaac P.D., acusados de introducir, matricular y comercializar en España varios vehículos que figuraban como sustraídos en Portugal. Durante el juicio, la fiscal Marisa Melero mantuvo su petición de cinco años de prisión para cada uno de los procesados (dos por receptación y tres por estafa continuada), además de exigir la devolución de los coches a sus propietarios lusos y el pago de indemnizaciones a los compradores finales, quienes conservan actualmente los automóviles en calidad de depósito.

Según la versión de la acusación pública, los acusados solicitaban fichas reducidas a una empresa de gestión industrial para vehículos de marcas como Mercedes, BMW, Mini o Fiat, pasaban la ITV en Pereiro y matriculaban los turismos en Tráfico con contratos de compraventa para venderlos a terceros que ignoraban su procedencia. A través de esta operativa, sostenida entre los años 2019 y 2022, la Fiscalía sostiene que lograron introducir en el mercado modelos de alta gama por los que los afectados llegaron a desembolsar sumas de hasta 28.200 y 30.000 euros.

“Ni Tráfico se enteró”

Por su parte, el abogado de la defensa, Xosé Lois Brea, ha negado rotundamente la existencia de delito alguno y ha solicitado la absolución de sus patrocinados. Durante su intervención, el letrado sostuvo que uno de los hermanos no tenía ningún conocimiento de los hechos y que cumplimentaba todos los trámites legales. Brea puso el foco en que si ni la ITV ni la Jefatura de Tráfico detectaron orden internacional alguna de sustracción, resultaba imposible que sus clientes lo supieran, remarcando, además, que los coches no se compraron en Portugal sino en Ourense con sus correspondientes facturas.

Asimismo, ironizando sobre los bandazos en la versión de los hechos, la defensa ha aclarado que no se trata de vehículos robados en el sentido estricto, sino de automóviles de renting o financiación cuyos compradores impagaron a las financieras en el país vecino. El letrado ha recordado ante la jueza que en 2020 llegaron a pedir por escrito a cinco organismos oficiales un canal para verificar posibles cargas en Portugal sin obtener respuesta, al tiempo que ha tachado de imposible que se afirme en los escritos de acusación que algún coche fue matriculado antes de pasar la ITV, un trámite inviable por ley. Para reforzar esta tesis de buena fe y desconocimiento, el abogado subrayó que algunos de estos turismos pasaron incluso por las manos de otras empresas profesionales del sector de la automoción, como es el caso de Autogal, que compraron y revendieron los vehículos sin que sus expertos detectaran tampoco ninguna irregularidad.