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Los hechos se remontan a finales del 2018, cuando el acusado, representante legal de una SL de suministros de hostelería, contactó con otra empresa dedicada al suministro de material para el sector, con la intención de que le prestase un servicio a cambio de 4.228,25 euros, cantidad que fue abonada.
Según el escrito fiscal, el acusado "aprovechó la situación de credibilidad generada previamente" por el pago de esa factura para, "con la intención de enriquecerse injustificadamente", encargar material de hostelería para su negocio en el ayuntamiento de O Barco de Valdeorras por un valor de 25.772,32 euros, pero "sin pensar abonar los servicios".
La empresa emitió tres facturas. La primera en diciembre del 2018 por un importe de 10.021 euros, la segunda el 21 de enero de 2019 por un importe de 7.344,24 euros y la última el 27 de febrero del mismo año por un importe de 8.406,84 euros. Para hacer frente a estas facturas, el acusado presentó seis pagarés con fecha de vencimiento entre el 21 de enero del 2019 y el 31 de julio del mismo año, pero todos ellos sin fondos, causando un perjuicio patrimonial a la empresa, que sólo ha cobrado 4.100 euros de un seguro de impagos.
Por ello, el Ministerio Fiscal pide una pena de dos años y seis meses de prisión con inhabilitación del derecho de sufragio durante el tiempo de condena, y además la indemnización de 21.672,37 euros a la empresa por la defraudación causada.
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