Los juzgados de Ourense tardarán hasta diez meses para recuperarse de la huelga

Los juzgados ourensanos volverán esta mañana a la normalidad tras algo más de dos meses prácticamente paralizados por la movilización de los letrados de la Administración de Justicia (LAJs). El comité de huelga la desconvocó a última hora de la mañana de ayer tras la firma del acuerdo con el Ministerio de Justicia. Incluye una subida de hasta 450 euros brutos al mes para compensar la carga de trabajo asumida en los últimos años y el compromiso de crear grupos de trabajo para concretar otras mejoras (estatuto orgánico, presencia de las asociaciones profesionales en las negociaciones etc).

En Ourense, había ganas de poner fin a esta situación por todas las repercusiones y sus derivadas: desde los profesionales de la judicatura, a los ciudadanos que han visto aplazados sus pleitos o los bares de los alrededores que se quedaron sin clientes. Los propios LAJs destacan que han sido dos meses con mucho desgaste.”Éramos conscientes de las repercusiones, pero hubo compañerismo; somos un colectivo que ha despertado y seguirá vigilante”, valora Cristina Villar, letrada de Instrucción 1 en la ciudad.

¿Y ahora qué?

En Ourense, en estos dos meses, se suspendieron más de 2.223 juicios y declaraciones (a fecha de 16 de este mes) que ahora habrá que darles salida, además de otros tantos asuntos que estaban en los juzgados, pero pendientes de incoar cuando comenzó el paro y casi 12.000 resoluciones a expensas de una firma. Sin olvidar, los 3.700 asuntos nuevos -demandas y denuncias- y ejecuciones que quedaron varadas en el decanato junto a 7.900 escritos de trámite dirigidos a procedimientos vivos.

Tendrán que pasar hasta diez meses -en la jurisdicción civil incluso se habla de más un año- hasta que los juzgados ourensanos vuelvan a la situación previa a la huelga (mediados de enero 2023). Pero los atascos irán por barrios, dependiendo, sobre todo, “de lo que esté parado en el decanato”, asegura una jueza.

Nadie duda de que la huelga “ha sido un mazazo importante para el normal funcionamiento de un juzgado”, valora el juez decano, Leonardo Álvarez. Pero recuerda que, “aunque se demorarán asuntos y en los juzgados más atascados -instancia- será peor, es un derecho de los letrados y hay que respetarlo”.

El centenar de juicios aplazados en cada uno de los dos juzgados penales ya llena las agendas de señalamientos de septiembre y octubre. Todo lo nuevo, lo que les llegue a partir de ahora, se irá a final de año. En esa jurisdicción, miran “al primer semestre del año que viene para volver a la normalidad previa a la movilización. “Estábamos señalando la vista oral, desde que nos entraba un procedimiento, a cinco meses vista, ahora, tras recolocar lo aplazado, a ocho meses, y con lo que entre nuevo, ya nos iremos a los diez meses para que se celebre el juicio”, aseguran fuentes del Penal 2.

Álvarez, hasta el pasado día 3, había suspendido 157 declaraciones y juicios rápidos, además de 140 asuntos nuevos sin instruir (turnados por el decanato pendiente de incoar) y 380 resoluciones pendientes de la firma de la letrada judicial de Instrucción 1. Asegura que es aventurado saber cuándo todo volverá a ser como antes, y ello teniendo en cuenta que “aún nos resentimos de los efectos de la pandemia y la huelga de los funcionarios, que duró meses”. El magistrado cree que, en su caso, le harán falta “unos nueve meses”, y que habrá que prorrogar instrucciones “porque no será posible cerrar una investigación en el plazo ordinario de un año”. En cuanto a la prescripción de delitos leves, no la contempla.

El presidente de la Audiencia, Antonio Piña, calcula que en la sección segunda de la que forma sala solo serán “cuatro meses” porque se aplazaron 10 vistas.