Juzgan por desvío de fondos al presidente de los hosteleros de Ourense

El presidente de la Confederación de Hostelería de Ourense, Ovidio Fernández, se sentará el próximo miércoles en el banquillo de la Audiencia Provincial, acusado de un delito de apropiación indebida. Junto a él, estará el secretario de la entidad, también imputado en esta causa. Ambos se enfrentan a 3 años y seis meses de prisión por haber recibido unas cantidades de órganos subvencionadores que no fueron destinadas a satisfacer el pago de los servicios subcontratados y que, en su lugar, fueron a parar a las cuentas de la entidad.

Según el escrito de la Fiscalía, la Confederación contrató a dos empresas para llevar a cabo cursos de formación. Una de ellas proporcionó los profesores que impartieron las clases, mientras que la otra suministró los materiales necesarios. Debido a la falta de recursos económicos, ambas compañías prestaron también dinero a la federación de hosteleros para realizar la formación.

La cantidad entregada en concepto de préstamo fue de 20.181 euros, y el importe por la realización de los cursos alcanzó los 20.034 euros. En el caso de la otra compañía, los préstamos fueron de 21.628 euros y 19.425 euros, respectivamente. Todo ello según el Ministerio Público, con la condición de que les serían devueltos los préstamos una vez la Xunta de Galicia y la Fundación Tripartita de Formación para el Empleo entregasen las subvenciones correspondientes. Sin embargo, la Confederación no reintegró estas cantidades como se había pactado.

El caso llegó a los juzgados por la vía civil, donde la Audiencia Provincial condenó a la Confederación de Hostelería de Ourense a pagar 41.054 euros a una de las empresas y 40.216 euros a la otra, además de los intereses y las costas, explica la Fiscalía.

Casi tres años después, la primera empresa todavía debía recibir 25.531 euros en concepto principal y 8.273 euros por costas, y la segunda 20.109 euros y 5.792 euros en costas. Según la Fiscalía, "los acusados percibieron unas cantidades por parte de los distintos órganos subvencionadores, que debían ser destinadas al pago de los servicios subcontratados, pero que no fueron satisfechas, sino que fueron a parar a las cuentas de la Federación Empresarial de Hostelería de Ourense".

Por ello, la Fiscalía pide una condena de tres años y seis meses de prisión para cada uno de los acusados, junto con una multa de 9 meses con una cuota diaria de 10 euros. Además, solicita que abonen solidariamente 25.531 euros a una de las empresas y 20.109 euros a la otra, más los intereses legales en ambos casos, en concepto de responsabilidad civil.