La "Ley Celaá" tiene en vilo a 10.000 familias ourensanas de la concertada

La previsión de que el Senado apruebe esta semana la reforma educativa–la llamada "Ley Celaá"–crispa a las familias de la escuela concertada y la privada, que ayer se manifestaron por segunda vez en la ciudad y en varias provincias españolas contra una norma que consideran que coarta la libertad de elección educativa. Hay más de 10.000 escolares de la provincia matriculados en centros concertados (182 en privados) en el curso poscovid en las etapas de Infantil, Primaria, Secundaria, Bachillerato y Educación Especial. La concertada es la opción de uno de cada tres alumnos ourensanos, ya que la matriculación global en las etapas educativas citadas para el curso 2020/2021 asciende a 30.263 escolares en la provincia.

Una radiografía de los últimos años de la matriculación en Ourense arroja caídas similares en la pública. La concertada concentra a cerca de 2.000 escolares en las etapas de Infantil, 4.000 en Primaria, más de 3.000 en Secundaria supera el medio millar en Bachillerato. Son cifras similares en toda la última década.

31 centros privados

La plataforma Máis Plurais, a la que pertenecen federaciones de anpas concertadas y privadas y de escuelas católicas, critica que la "Ley Celaá" "ten unha enorme carga ideolóxica que restrinxe dereitos e liberdades". Los padres de la concertada y la privada ven en peligro la "pluralidade" educativa y exigen a las administraciones una financiación que "garanta a gratuidade de ambos ensinos, público e concertado". En la provincia, hay 159 centros educativos, 31 privados. Más de una veintena se concentra en la ciudad y en el área metropolitana, el resto en las villas más grandes. La educación especial, otro aspecto controvertido de la nueva ley, tiene 139 alumnos en la provincia, 37 de ellos en centros privados.

La norma

La ministra de Educación, Isabel Celaá, impulsa la reforma educativa LOMLOE, apodada con su nombre, que vendría a sustituir a la conocida como Ley Wert. El Congreso la aprobó por 177 votos–uno más de los necesarios–el pasado mes de noviembre y el reto principal es la garantía de la educación pública. En el proyecto de ley, la norma busca una "educación de calidad con equidad". Así, en el primer objetivo se marca "compensar las desventajas de origen del alumnado", apostando por la escuela pública. En este sentido, contempla que tantos los centros públicos como los concetados y privados no podrán percibir dinero de las familias "por recibir la enseñanza de carácter gratuito", tampoco para las asociaciones o fundaciones que suelen estar vinculadas a este tipo de escuelas. La ley elimina el concepto de "demanda social" para abrir nuevos centros o aumentar plazas. También prohíbe que los centros privados segreguen al alumnado por sexo, aunque en Ourense no existe ningún centro de este tipo.

La reforma educativa deja sin evaluación y sin opción a beca la asignatura de religión, aunque los alumnos pueden seguir eligiendo esta materia.

Otro de los aspectos más destacados de la norma es la previsión de incrementar la oferta de plazas públicas en Infantil.

Las criticas ourensanas

Mario Fernández, presidente de la Federación de Anpas Concertadas y Privadas de Ourense, que engloba a una docena de centros, señala que la ley se produce "sen diálogo e sen negociación". Lupicinio Peña, director de Salesianos y representante de Escuelas Católicas, critica las "calumnias sobre o ensino concertado, onde a relixión non é o problema real". Débora Martínez, de la Federación Autonómica de Centros de Ensino Privado en Ourense, subraya que "a ley asígnalle á concertada un papel absolutamente subsidiario".