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EMPLEADOS PÚBLICOS
“El modelo no es sostenible”. Así de contundente se muestra el Ministerio de Sanidad en un informe elaborado sobre la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (Muface). Por ello, plantea que todos los funcionarios de esta mutualidad, a la que solo pueden acceder empleados públicos del Estado, pasen a ser atendidos por la sanidad pública, quitándoles la posibilidad de recibir una atención médica en compañías privadas.
Si esta propuesta llega a materializarse, en Ourense se verían afectados 12.358 mutualistas, entre empleados públicos estatales y los beneficiarios de estos, según los últimos datos relativos a diciembre de 2023. Del total, 8.086 optaron por aseguradoras privadas (Adeslas, Asisa y DKV) y 4.272 lo hicieron por el Sergas. Entre los beneficiarios se encuentran, por ejemplo, los hijos de estos funcionarios, ya que los que no perciben ingresos por rendimientos derivados del trabajo superiores al doble del indicador público de renta de efectos múltiples (Iprem) se pueden acoger a esta mutualidad.
El Estado financia la atención de sus funcionarios en compañías privadas que el contribuyente paga de su bolsillo
De hecho, si prospera la iniciativa de Sanidad pondrá en una encrucijada a los mutualistas. Todos ellos deberían decidir si se integran en la sanidad pública o por el contrario pagan de su propio bolsillo un seguro privado como el que tenían para así ser atendidos por los mismos médicos que ya conocen su historial clínico. “Es un derecho que se nos recorta, el horizonte no lo vemos muy halagüeño”, asegura Juan Alberto Araujo, responsable del sector autonómico de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) de Ourense.
Actualmente, entre las compañías privadas, los mutualistas optan mayoritariamente en la provincia por Adeslas (4.785), seguido de DKV (3.134) y en último lugar se sitúa Asisa (167), aunque a mucha distancia de los otros dos.
Por ello, surge la incógnita de si el Sistema Nacional de Salud sería capaz de asumir a los más de un millón de mutualistas en España y los más de 63.000 en Galicia que actualmente reciben atención médica mediante seguros privados. En el caso de Ourense, el Sergas debería acoger a 8.086 nuevos usuarios ya que 4.272 dependen de la sanidad pública.
“La asistencia sanitaria en la Seguridad Social será deficitaria porque tendrá un millón de usuarios más por lo que no le vemos viabilidad para realizar una cobertura eficiente”, apunta Araujo. “Lo que pasa con las compañías privadas es que cada vez más mutualistas eligen el servicio público porque cada vez dan peor servicio”, asegura por su parte José Fuentes, responsable de coordinación de acción sindical de la Federación de Ensino de CCOO de Galicia.
Sin embargo, el informe de Sanidad no es vinculante para el futuro de Muface, ya que no depende de este ministerio. Es el de Transformación Digital y de la Función Pública el que tiene que negociar con las aseguradoras. Por el momento, el acuerdo parece lejano, ya que el concierto de Muface que abarca los años 2025 y 2026 quedó desierto debido a que las tres compañías privadas decidieron no presentarse al considerar insuficiente la propuesta económica.
Por ello, el Gobierno está trabajando en una nueva licitación que previsiblemente presentará antes del viernes para la renovación de la mutua. “Muface debe garantir a prestación sanitaria e asistencial a mutualistas e beneficiarios coas mesmas condicións que aparecen no concerto en vigor, algo que xa a día de hoxe non se fai, xa que nestes anos os e as mutualistas sofren un claro incumprimento, con baixa calidade na atención sanitaria que reciben e trabas burocráticas para acceder a servizos que teñen recoñecidos”, reivindican desde el sindicato CIG.
La Xunta solicitó al Ministerio de Sanidad que concrete sus planes para garantizar la prestación a mutualistas de Muface, al tiempo de apelar al diálogo con las comunidades autónomas. Lo hace después de que Sanidad considerase una opción “viable” y “razonable” incorporar a las personas mutualistas de Muface a la asistencia sanitaria pública tras quedar desierto en octubre la cobertura sanitaria a los funcionarios mutualistas los próximos dos años por parte de las aseguradoras privadas.
En su posicionamiento, exige al Gobierno central que informe “de los pasos que tiene pensado dar para organizar la asistencia sanitaria a estos mutualistas y que, en todo caso, ponga encima de la mesa soluciones que puedan ser dialogadas y acordadas con comunidades afectadas”.
“Lo primero que debe de hacer el Gobierno es explicar a todas las comunidades, que tienen la competencia en la asistencia sanitaria pública a los ciudadanos, los planes que maneja para garantizar la prestación a los mutualistas de Muface”.
“No es de recibo que el Gobierno central apruebe una medida de este calado sin antes ser dialogada y consensuada con todas las comunidades afectadas ya que la decisión impacta directamente en los distintos sistemas sanitarios públicos gestionados por las autonomías”, recalca Sanidade.
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