Sanidad pública o privada: las claves que diferencian Muface y la Seguridad Social

Muface es elsistema de mutualismo administrativo que proporciona cobertura sanitaria, asistencial y social a los funcionarios del Estado en España desde 1975. Su propósito es garantizar que los empleados públicos dispongan de prestaciones similares a las ofrecidas por la Seguridad Social, aunque con algunas diferencias clave en su gestión y servicios. Se trata de un organismo público que depende de la Administración General del Estado

Los afiliados a Muface, 63.100 funcionarios gallegos en la actualidad, pueden elegir entre recibir asistencia sanitaria a través de entidades médicas privadas, como Asisa, Adeslas o DKV, o mediante el sistema público de salud, con los mismos derechos que los afiliados a la Seguridad Social. Además, Muface no solo cubre la sanidad, sino que también incluye asistencia en el extranjero y otras prestaciones complementarias como programa antitabaco o ayudas al copago farmacéutico.

La Seguridad Social es el sistema universal y público que cubre a la mayor parte de la población española. Su origen se remonta a principios del siglo XX, pero adquirió su configuración moderna en 1967 como un sistema integral de protección sanitaria y social.

Diferencias entre Muface y la Seguridad Social

Existen varias diferencias entre Muface y la Seguridad Social. Mientras Muface está diseñada exclusivamente para los funcionarios civiles del Estado, la Seguridad Social es universal y cubre a toda la población española. Los afiliados a Muface pueden elegir entre sanidad pública o privada, mientras que la Seguridad Social solo opera a través del sistema público de salud.

Muface funciona como mutualidad con fondos propios que provienen de cotizaciones de mutualistas, aportaciones y subvenciones del Estado; mientras que la Seguridad Social se financia mediante cotizaciones estatales.

La Seguridad Social tiene su origen en un modelo solidario que empezó a desarrollarse en España con los primeros seguros sociales en 1908. Durante el régimen franquista se consolidó como sistema integral en 1967 y posteriormente se universalizó en 1986. Por su parte, Muface surgió en 1975, durante los últimos años del franquismo, con el objetivo de proporcionar a los funcionarios un sistema de protección paralelo y más personalizado.

Algunos eligen Muface por la posibilidad de acceder a la sanidad privada, con una atención más rápida o personalizada, y por la cobertura más amplia que incluye subsidios y ayudas adicionales. Por otro lado, otros optan por la Seguridad Social debido a la garantía que creen obtener de la sanidad pública sus medios y especialistas, reconocida por su universalidad y ausencia de copagos en los servicios básicos.

Sanidad considera factible integrar ambos sistemas

En los últimos días, el Ministerio de Sanidad ha elaborado un informe en el que se plantea que el modelo de Muface es inviable a largo plazo, tras quedar desierto el concurso de licitación para el año próximo por parte de las aseguradoras privadas. Por tanto, una propuesta pasa por la incorporación de los 1,5 millones de afiliados mutualistas al sistema de la Seguridad Social como opción factible.

La Ministra de Sanidad, Mónica García, ha afirmado que el Sistema Nacional de Salud tiene la capacidad de atender a los mutualistas y que “nos sentiríamos muy orgullosos de poder ofrecer también nuestros servicios a los funcionarios y servidores públicos de este país”. Por su parte, el sindicato CSIF ha anunciado ya paros y huelgas ante el posible traspaso de los mutualistas al servicio público sanitario.

¿Cuándo se produciría el cambio de los funcionarios de Muface a la Seguridad Social?

El proceso de negociación sobre la renovación del acuerdo entre Muface y el Gobierno recae en el Ministerio de Transformación Digital y Función Pública, liderado por Óscar López, y no directamente en el Ministerio de Sanidad.

Si se decide llevar a cabo el cambio, el modelo de Muface podría desmantelarse a partir del 1 de enero de 2025, permitiendo que en un plazo de 9 meses cerca de un millón y medio de funcionarios, que actualmente reciben atención sanitaria a través de aseguradoras privadas, se integren progresivamente en la sanidad pública.