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El reciente cierre de las viviendas comunitarias San Gabriel en Xinzo de Limia y Jardín en Amoeiro ha abierto el debate sobre este modelo asistencial. Entre acusaciones políticas cruzadas, relatos cruentos de irregularidades y confusión se abre el debate sobre la utilidad de este tipo de centro asistencial.
Una vivienda comunitaria es un pequeño hogar donde conviven personas mayores autónomas o con dependencia leve, en un entorno que reproduce la vida familiar. No dispone de asistencia médica permanente, pero sí de personal de apoyo y acompañamiento diario. El objetivo es ofrecer una alternativa al modelo residencial tradicional, un espacio cercano y de convivencia que permita a las personas mayores seguir en su entorno y conservar su autonomía.
En Galicia existen 308 viviendas comunitarias registradas oficialmente, según el Registro Único de Entidades Prestadoras de Servizos Sociais (Ruepss). Ourense concentra 88, el 29% del total gallego, siendo la provincia con mayor implantación de este modelo. El geriatra Miguel Ángel Vázquez, con más de cuarenta años de experiencia, explica que se trata de “un servicio de proximidad, muy parecido a lo doméstico, que encaja perfectamente en una población envejecida y dispersa, donde los mayores prefieren quedarse cerca de casa antes que trasladarse a una residencia grande”.
En cuanto a la titularidad, el 54% de las viviendas comunitarias gallegas pertenecen a la iniciativa social, el 32% son privadas y el 14%, públicas. En Ourense, el peso de las entidades sin ánimo de lucro es aún mayor: el 67% están gestionadas por organizaciones sociales, frente al 22% privadas y el 11% públicas.
Para abrir una vivienda comunitaria en Galicia se requiere autorización y registro en el Ruepss. La normativa autonómica regula el procedimiento, estableciendo un máximo de 12 personas mayores. El edificio debe disponer de zonas comunes adaptadas, accesibilidad universal, un plan de atención individual y condiciones adecuadas de seguridad, higiene y convivencia. En la práctica, muchas de estas viviendas se ubican en antiguas casas rehabilitadas o inmuebles adaptados, sobre todo en el rural.
Los cierres de estas semanas han abierto el debate sobre estos centros. “Son negocios de muy baja rentabilidad”, explica Vázquez. “Las pensiones gallegas están entre las más bajas de España, y eso obliga a ajustar mucho los precios. Al final, muchos gestores acaban haciendo trampas o recortando servicios para sostenerse”, añade.
El vicepresidente de la Sociedade Galega de Xerontoloxía e Xeriatría y presidente de la Asociación Galega de Residencias da Terceira Idade (Agarte), José Manuel Pazos, destaca que estas viviendas “están pensadas para personas con un grado leve de dependencia, lo que se conoce como grado 1. Válidas, pero que precisan algo de ayuda en la vida cotidiana”. Aunque considera que la existencia de centros que superan el número de plazas autorizadas o acogen personas con dependencia alta desvirtúa su razón de ser. “Un hogar pensado para diez no puede tener quince residentes ni atender a grandes dependientes”, sentencia.
Pazos subraya que “la clave está en cumplir la normativa, porque si no se convierte en otra cosa: una residencia encubierta o un negocio de bajo coste”. Vázquez coincide en que la supervisión administrativa es insuficiente. “Es muy difícil llegar a todas. Hay pocos inspectores y muchos centros”, señala. Además, advierte que los inspectores son funcionarios de otras especialidades. “Pueden ser economistas o lo que sea. Debería ser gente especializada, al igual que en Sanidad o Educación”. Además, considera importante que estuvieran divididos por provincias, para que conocieran mejor el territorio.
A pesar de las carencias, ambos expertos destacan el valor del modelo. “Estas viviendas permiten que la gente mayor siga integrada en su entorno, que genere empleo local y que no se rompa el tejido rural”, apunta Pazos. “Son una opción válida siempre que cumplan las normas y no se desvirtúe su función”.
En la capital provincial y en otras grandes poblaciones se concentran las viviendas de gestión privada -cinco en la ciudad y otras en concellos como O Carballiño o Verín-, mientras que en el interior rural predominan las impulsadas por cooperativas, congregaciones o fundaciones. “El medio rural necesita alternativas que no sean grandes residencias”, insiste Vázquez. “En pueblos pequeños, una vivienda comunitaria puede sostener la vida de un vecindario entero: da trabajo, mantiene abiertos los servicios y evita que la gente se marche”. Pazos coincide en que el modelo encaja con la estructura demográfica ourensana: “Aquí hay muchas aldeas, mucha dispersión y familias pequeñas. No podemos copiar modelos urbanos”.
Junto a las viviendas comunitarias, existen hogares residenciales y apartamentos tutelados, que completan la red de convivencia de pequeña escala. Los primeros acogen entre quince y treinta personas, y los segundos están dirigidos a mayores autónomos. En conjunto, Galicia cuenta con 351 centros, el 51,1 % de la red asistencial, y Ourense vuelve a liderar con un 59,4%.
Pazos reconoce que los mecanismos de control deben reforzarse, pero matiza que “en general los centros están muy vigilados, tanto por servicios sociales como por Sanidad o Inspección de Trabajo”. Cree que “los casos problemáticos son excepcionales, pero hay que evitar que manchen al conjunto del sector”.
Ambos reclaman una visión más estable y coordinada. “La atención a mayores necesita un pacto entre administraciones y profesionales”, apunta Vázquez. “No se trata de culpar a una conselleira o a un gobierno, sino de reconocer que hay un problema histórico de falta de medios y de madurez institucional”.
Ourense se ha convertido, así, en el epicentro de un modelo de cuidados que combina experiencia, dispersión y arraigo. Las viviendas comunitarias son su expresión más pura: pequeñas, cercanas y humanas. “Son una buena idea”, resume Pazos, “siempre que se mantenga su esencia y se respeten los límites para los que fueron pensadas”.
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