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El patio exterior del Cardenal Cisneros vuelve a abrir tras más de diez meses clausurado por el derribo de un muro de contención entre el colegio y un edificio que llenó el recinto escolar de agua y escombros. La pared se vino abajo tras reventar una tubería de agua en el momento en que la empresa Teycaga SL -una subcontrata- realizaba la acometida de gas a una vivienda de Fonte de Monte número 7. El colapso de la infraestructura también condicionó la habitabilidad del edificio, obligando a seis familias -12 personas- a buscar un hogar provisional. Los afectados pudieron regresar a sus casas seis meses y seis días después del accidente (el 7 de septiembre de 2023).
Mientras los 130 alumnos del Cisneros tuvieron que apañarse con el patio cubierto, aledaño al exterior y con ventilación natural, la biblioteca y más salidas programadas, los vecinos echaron mano de hoteles, familiares o alquileres. Todo ello, costeado por ellos.
El nuevo muro es seguro y ello permitirá abrir el patio de inmediato, según confirmó ayer la jefa de Estudios, Patricia Solla. “Es totalmente apto y seguro”, precisa. Quedan pequeños desperfectos - en los desagües, grietas en el firme…- pendientes de reparación, así como saber quién debe acometerla, pero no impiden usar el recinto exterior.
Ahora el nuevo “muro” es saber quién debe abonar la factura de 181 mil euros que pasó el Concello -175.304,77 a los vecinos de las seis viviendas habitadas en de Fonte do Monte 7 y 6.534 al colegio-. El ente local aprobó el proyecto de obra, realizado por el ingeniero Iñaki Cubillo, el 1 de junio del pasado año, asumiendo la construcción dado el carácter urgente que revestía. El nuevo muro es muy distinto al anterior, que estaba valorado en 8.000 euros. Las calidades son superiores. El hormigón -el nuevo material- es más caro que el granito. Los vecinos afectados, a través de la compañía aseguradora de la comunidad, presentaron ayer alegaciones al expediente de disciplina urbanístico que tramita el Concello. Alegan que el muro no pertenece a la comunidad de propietarios, sino que se trata de un cierre del colegio. Estaba -sostienen- ya en pie hace 46 años, cuando se levantó la edificación residencial.
Los propietarios a los que se pasa la factura entienden, además, que la Administración local realizó ese tabique sin darles entrada para discutir el proceso constructivo.
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