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MOCIÓN DE CENSURA EN EL CONCELLO
PP, PSOE y BNG se reunieron de nuevo este jueves para intentar alcanzar un acuerdo para presentar una moción de censura contra el alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, con un nuevo giro de guion que, sin embargo, no cambia nada. El BNG entregó la firma de Xosé Manuel Puga, que sería la número 14 de la hipotética moción de censura, y se fue de la reunión avanzando que no acudiría a ningún nuevo encuentro que no sea para entregar en el registro el documento, al tiempo que pidieron a populares y socialistas que dejen de “marear á xente e crear falsas expectativas”. Por su parte, PP y PSOE se negaron a estampar la firma en dicho documento redactado por los nacionalistas, lamentando que estos no empiecen “la casa por los cimientos” y conminándolos a firmar antes un acuerdo programático que los nacionalistas no prevén analizar hasta tener la firma de todos.
Tanto PP como PSOE, que comparecieron en conjunto tras la reunión, destacaron que seguirán avanzando en un programa común para configurar la alternativa a Jácome y, por primera vez, abiertamente ambas formaciones se postularon para liderar ese gobierno alternativo. En el BNG, manifestaron también públicamente que su única condición, como reflejaron en el documento, es que el alcalde sea socialista y que no se opondrán a que el PP entrase en el gobierno.
La popular Noelia Pérez tildó de “surrealista” la reunión, que fue más breve que la anterior, por la actitud del BNG, aunque se mostró complaciente con los socialistas. “Queriamos saber se tralo que aconteceu en Carballiño, o grupo socialista da cidade tiña o respaldo explícito da organización para explorar un pacto na cidade e dixéronnos que si”, explicó la coordinadora del grupo popular, que lamentó la “frivolidade máxima” de los nacionalistas: “O BNG non viña a negociar, viñan estampar unha firma, non lle interesaban ningún dos compromisos”.
La socialista Natalia González, impulsora de la negociación, fue más “positiva” y agradeció a los grupos la “capacidade de diálogo”. Aseguró que se avanzó en “moitas cousas”, ya que quedaron en añadir a los 14 puntos iniciales propuestos por los socialistas otros puntos de los populares, como la necesidad de impulsar el transporte metropolitano. Ambas fuerzas quedaron en analizar la situación en los órganos de partido aunque no se emplazaron para una nueva reunión. Lo señalado por la secretaria xeral del PPdeG, Paula Prado, no parece invitar al optimismo, ya que señaló ayer que “antes de calquera acordo” para apartar a Jácome “deberían cesar as incoherencias”, escudándose en que “non imos ser cómplices de ningún movemento que facilite ou multiplique a inestabilidade en Ourense”.
Natalia González se mostró convencida de poder llegar a “un feito histórico”, pero volvió a insistir, como los populares, en que el denominado “pacto da Concordia” y todos sus puntos debe estar suscrito por “as tres formacións políticas”. En esa línea, el PP sostiene que “tanto o PP como o PSOE están dispostos a seguir afondando na base do acordo, pero hai que ampliala”. Así, ambas fuerzas intentan meter presión a un BNG que considera, sin embargo, que ya ha hecho lo que tenía que hacer: prestar una firma. Ahora, la negociación parece quedarse en un callejón sin salida y una batalla por el relato.
En ese sentido, el nacionalista Xosé Manuel Puga dijo que “non imos marear máis á xente, porque a cousa é moi sinxela: moción de censura, 14 sinaturas e candidato alternativo”. En el papel entregado a las otras fuerzas, el BNG deja su firma, el nombre de los 13 ediles de PP y PSOE para que estampen las suyas y un hueco en blanco para que el PSOE ponga candidato.
En el documento, se evita nombrar al PP y se limita a enumerar el “desmantelamento continuo dos servizos públicos”, “a falta total e absoluta de transparencia na xestión” y otros factores como “o desprezo ao noso idioma e á nosa cultura ou os ataques constantes aos empregados públicos”. Además, añaden, existe una situación económica “que pon en risco a solvencia e prestixio do Concello”, enumerando la falta de presupuesto, el “incumprimento sistemático” del periodo para pagar las facturas y la caducidad de las concesiones, que “redunda nunha perda de calidade e provoca unha débeda oculta non contabilizada que pon en risco a viabilidade económica do Concello”.n
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