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El coste actual de una plaza geriátrica en la provincia se sitúa en torno a los 1.600 euros al mes, más del doble del valor promedio de las pensiones de los mayores ourensanos (812 euros el pasado mes de diciembre). Aunque la Xunta financia entre el 60 y el 80% del gasto a aquellos usuarios en plazas públicas o concertadas con algún grado de dependencia reconocido, las esperas de meses para recibir las valoraciones, y los largos retrasos para acceder después a un recurso, dificultan lograr estas prestaciones. Y, en cuanto a los geriátricos, estos espacios se ven afectados por la grave falta de enfermeras.
Los especialistas defienden el coste de los cuidados, por lo que ven necesario el refuerzo del sistema público. “La mayoría de las pensiones no cubren el gasto. Es un precio elevado por muchos motivos, por el coste del personal, del material, de las instalaciones…”, explica Miguel Ángel Vázquez, geriatra y miembro de la Sociedade Galega de Xeriatría e Xerontoloxía (SGXX).
“Na nosa comunidade hai moitas mulleres que non puideron cotizar, que teñen pensións de 400 euros, nin a metade do salario mínimo interprofesional”, recuerda María José Vázquez, trabajadora social de Atención Primaria. De hecho, en numerosas ocasiones, los usuarios hacen frente al gasto con sus propios ahorros o, si es el caso, con la ayuda de las familias. “Non hai pensión que poida soportar o custe dunha praza. Falamos dunha media de 1.600 euros, pero hai prazas de 2.000 euros”, detalla la especialista.
El coste de otros recursos también es elevado. Los centros de día se sitúan en torno a los 700 euros mensuales, en caso de jornada completa, y la atención domiciliaria informal se encuentra alrededor de los 10 euros por hora.
El proceso de reconocimiento de la dependencia puede durar actualmente en la provincia entre cuatro y nueve meses, dependiendo del municipio en el que reside la persona. “Os equipos de valoración están sectorizados por zonas, e dependendo do mesma e do número de persoas que precisen ser valoradas, o tempo de espera é distinto”, detalla María José Vázquez.
En ocasiones, mientras la resolución no llega, la situación de dependencia de la persona aumenta. Una vez se emite la valoración del grado -entre el I, el más leve, y el III, el más agudo-, se inicia el proceso de inclusión en la lista de espera del recurso solicitado -sea un centro de día, una residencia geriátrica o un centro especializado-.
“Iso poden ser meses, un ano ou dous”, apunta la trabajadora social. Una vez que la persona ya está incluida debe esperar a que se libere una plaza, un tiempo que varía según la situación personal y económica y según el recurso pedido, pero que puede alcanzar varios años -a veces, la persona fallece antes-. “ Nos casos de emerxencia social, é dicir, persoas que non teñen recursos nin rede de apoio que permitan o seu coidado, os tempos si son rápidos. Todo o proceso, dende a solicitude da dependencia, pode durar dúas semanas”, explica.
La saturación del sistema público provoca que los recursos privados también tengan una elevada demanda, lo que dificulta que los mayores dependientes, aún pagando de su bolsillo el importe total, puedan escoger el centro residencial. “Moitas veces non poden estar preto da súa contorna e dos seus seres queridos”, asegura Vázquez.
El elevado coste provoca que, en muchos casos, si la persona no puede acceder a ningún recurso, los cuidados recaen en la familia o en algún ser querido. “Esta tarea está en manos de las mujeres, mayoritariamente”, apunta Miguel Ángel Vázquez. En muchas ocasiones, la carga de los cuidados implica que la persona abandone su puesto de trabajo.
“Las cuidadoras, muchas veces, están saturadas, quemadas. En muchos casos, la persona que cuida toma más medicación que la cuidada. Cada vez más, por el perfil de la población, esta cuidadora es más mayor”, explica César Bugallo, gerontólogo vocal de la SGXX. El especialista señala las consecuencias psíquicas: “Pasan un duelo muy duro, cargan con una responsabilidad diaria, muchas veces sin experiencia”.
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