La regularización del Gobierno alcanza a 4.000 extranjeros en la provincia de Ourense

La regularización extraordinaria de personas inmigrantes aprobada por el Gobierno de España abre un hilo de esperanza para miles de personas a lo largo y ancho del país. La Fundación Ciudadanía Global calcula que actualmente en el país hay 843.100 extranjeros en situación irregular -20.000 en Galicia-, vaticinando que esta cifra se traducirá en 503.000 regularizaciones.

Aunque no hay datos oficiales a nivel provincial, las cifras de las entidades públicas permiten hacer una aproximación de cuántas personas se encuentran en situación irregular en Ourense. A 1 de enero de 2026 había 26.865, según los datos del Instituto Nacional de Estadística. Por su parte, el Observatorio Permanente de la Inmigración recoge que en Ourense hay 22.644 extranjeros que cuentan con documentación.

En consecuencia, hay en torno a 4.000 extranjeros en situación irregular empadronados en la provincia que podrían acogerse a la nueva ley del Gobierno siempre que cumplan los requisitos para la regularización. Esto se está traduciendo en una cascada de consultas en los despachos de abogados de Ourense. “Hay muchísima gente interesada”, explica Maria Victoria Conde, experta en extranjería.

El plazo para solicitar la regularización comienza hoy telemáticamente, el lunes de forma presencial y se mantendrá abierto hasta el 30 de junio, siendo la oficina de la Seguridad Social, Correos y las oficinas de Extranjería los lugares habilitados para esta gestión. Sin embargo, Conde señala que hay ciertos documentos que aún no están disponibles, por lo que hay personas que no pueden presentarla hoy. “Yo mañana (por hoy) no voy a presentar ninguno, todos van a ir la semana que viene. De nada vale correr si los documentos no están aprobados”.

Pueden acogerse a esta ley los que hayan solicitado protección internacional en el país antes de comienzos de este año y los que se encuentren en situación irregular y hayan llegado a España antes del 1 de enero, debiendo acreditar una permanencia ininterrumpida de al menos cinco meses en el momento de la solicitud. “La mayoría de personas no es que lleven cinco meses, llevan mínimo desde verano y muchos ya casi 2 años”, relata la abogada, del despacho Velasco Martínez, sobre los casos que atiende en Ourense.

Antecedentes penales

También tienen que carecer de antecedentes penales y no suponer una amenaza para el orden público, la seguridad pública o la salud pública. María Victoria Conde explica que sí que hay problemas para conseguir el certificado de antecedentes penales. “Están teniendo problemas con el tema de la apostilla, en ciertos países tardan normalmente en emitirlos. Muchas veces los trámites en el país de origen se hacen complicados”, señala la abogada.

Coincide Miguel Fernández, miembro del Foro Galego da Inmigración, quien señala que hay personas, sobre todo de países africanos y algún país latinoamericano, a las que les resulta muy complicado obtener los certificados penales.

A mayores, los que no sean solicitantes de protección internacional deben cumplir alguna de las siguientes condiciones: haber trabajado con contrato por cuenta ajena o propia en España, contar con una unidad familiar compuesta con hijos menores de edad o mayores con discapacidad o encontrarse en situación de vulnerabilidad.

Precisamente, entre los clientes que llegan al despacho de María Victoria Conde una de las preguntas más frecuentes es qué pasa con las solicitudes de asilo previas. “Una de las dudas que teníamos era si había que desistir o no de ese procedimiento de asilo y hoy (por ayer) cuando salió al BOE pues ya especificaba que si sale favorable, que en ese momento que se desiste”, asegura.

Respecto a la situación de vulnerabilidad, se muestra crítico Miguel Fernández. “É un tema que debía evitarse porque a propia situación de irregularidade xa xustifica que é unha persoa vulnerable, xa que non pode acceder a dereitos fundamentais”, asegura el miembro del Foro Galego da Inmigración.

Por otra parte, se muestra expectante sobre si se va a producir una congestión en las entidades dónde se realizan las solicitudes. “En temas de estranxeiría hai moitas situacións nas que se producen colapsos; agora mesmo nas oficinas de estranxeiría están a tardar en tramitacións digamos ‘normais’ cinco ou seis meses. Entón isto non pode funcionar así, isto hai que presentalo nun prazo relativamente curto e logo as resolucións tamén teñen que ser curtas”, señala.