"En la salud y en la enfermedad": la justicia le permite cuidar de su mujer tras anular su internamiento en un geriátrico de Ribadavia

El 6 de marzo de 2025 a L.I. le cambió la vida de golpe. Ese día acudieron a su casa para llevarse a su mujer, J.M. (74 años), después de que el Juzgado de Ribadavia, mediante un auto fechado el 14 de febrero de 2025 -paradójicamente el Día de los Enamorados-, decretase su internamiento no voluntario. Ingresó a las 14,30 horas en el geriátrico, separado de su hogar por 24 kilómetros.

La magistrada tomó la decisión a instancia de la Fiscalía, a quien los Servicios Sociales informaron de que la mujer había sufrido un deterioro cognitivo muy importante, se desorientaba continuamente y sufría pérdidas de memoria. Ante esta situación, consideraban que no era independiente. Debido a esto, la médico forense exploró a la mujer, emitiendo un informe en el que señalaba que J.M. necesita atención y supervisión durante las 24 horas del día.

Finalmente, la jueza, sin escuchar a los familiares cercanos, acordó el internamiento de la mujer. La decisión fue muy dura para L.I., ya que de un día para otro le arrebataron al amor de su vida. Sin embargo, no se quedó de brazos cruzados ante una situación muy dolorosa y que consideraba injusta. Decidió dar la batalla legal y para ello se puso en contacto con la abogada Karen Daniela Abad, quien presentó un recurso ante la decisión judicial.

En su escrito a la Audiencia Provincial, puso de manifiesto que los familiares directos de la afectada no habían sido oídos y argumentó que no constaba que los Servicios Sociales hubiesen realizado un seguimiento adecuado para comprobar si las condiciones de vida de J.M. se adaptaban a sus necesidades.

El alto tribunal ourensano celebró una vista para analizar la situación. Mediante una videoconferencia, hablaron con la mujer, quien manifestó su deseo de residir en su vivienda junto a su esposo. También pudieron escuchar a su marido. En un gesto de amor incondicional y haciendo honor a lo que prometió en la boda -”en la salud y en la enfermedad”-, L.I. les manifestó su deseo de cuidar a su esposa en el domicilio familiar y aseguró estar capacitado para prestarle todo el apoyo que necesite, así como llevarla a las citas médicas y a las actividades de ocio.

Además, informó a los magistrados de que tenía contratada a una persona para limpiar la vivienda e incluso se comprometió a solicitar el recurso de ayuda domiciliaria.

Estiman el recurso

Tras escuchar los argumentos de las partes, los jueces dieron la razón a la postura de la familia, estimando el recurso interpuesto por la abogada Karen Daniela Abad. Los ponentes señalan que J.M. contaba con el apoyo de su marido, considerando injustificada la medida de internamiento. “No existe dato alguno del que pueda inferirse que L.I. no ejerciera adecuadamente la guardia de hecho”, recoge la sentencia. Al respecto, destacan que el hijo de J.M. que vive en Ourense visita con frecuencia a su madre por lo que también supervisa su estado.

En este sentido, señalan que ni en el informe forense ni en la exploración judicial se aprecia una situación de riesgo para su salud física o psíquica que justifique la decisión. Respecto a los problemas de higiene a los que alude el informe de la Casa do Maior a la que iba J.M. entre dos y tres horas al día, los magistrados señalan que, de existir, pueden solventarse con la ayuda domiciliaria.

La salud de J.M. pasó por momentos complicados. Padeció un cáncer y un ictus, siendo posteriormente diagnosticada de un proceso demencial avanzando. Pese a todas estas dificultades, su marido siempre estuvo a su lado y no dejó de luchar hasta que consiguió que su mujer volviese a casa. Sabe que su situación lo obliga a cuidarla permanentemente, con el esfuerzo y sacrificio que ello conlleva, pero él está dispuesto a cumplir lo que prometió en su día: “En la salud y en la enfermedad”.