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La inspección de los servicios sanitarios de la Consellería de Sanidade tiene abiertas varias investigaciones en relación con la venta de pruebas ilegales de diagnóstico de coronavirus –como PCR, test de anticuerpos y antígenos– en establecimientos que no disponen de autorización sanitaria.
La Xunta ha inmovilizado material cuya venta está prohibida en locales que no cuenten con la pertinente autorización en el Rexistro de Centros, Servizos e Establecementos Sanitarios, mientras recordó que esas pruebas solo pueden ser manipuladas por profesionales sanitarios.
Esta actividad en lugares no autorizados no tiene garantizada su seguridad ni su fiabilidad, por lo que se desaconseja su utilización, ya que no se verifica el cumplimiento de los requisitos técnico-sanitarios.
Además, la prescripción e interpretación en este tipo de pruebas diagnósticas debe estar mediada por un profesional sanitario para "evitar que unha mala interpretación do resultado conduza a consecuencias negativas de calquera índole".
De hecho, para evitar daños, Sanidade recordó que está prohibido publicitar directamente al público estos productos sanitarios al requerir que su aplicación sea por parte de profesionales sanitarios.
En cuanto reactivos, productos y demás instrumentos en estas pruebas, la Xunta destaca que deben cumplir con la normativa estipulada en la Unión Europea y con distintivos que acreditan su seguridad.
Los reactivos, proyectos, materiales e instrumentos utilizados para realizar las pruebas diagnósticas para detectar la infección por covid deben cumplir con la normativa establecida para ser comercializadas en España, y esa norma indica que deben ser usados únicamente por profesionales sanitarios y nunca son de uso doméstico.
El número de PCR realizadas de forma legal los últimos días en Ourense, según los datos de Sanidade, son 788 el día 10; 458 el día 9; 844 el 8, y 783 el 7.
Los tres grupos de la Cámara parlamentaria gallega, alentados por el BNG, acordaron pedir a la Xunta un informe para que se expliquen los detalles del acuerdo de colaboración que realizó la Consellería de Sanidade con el Colegio de Farmacéuticos de Ourense por el que se acordó la realización de test rápidos para la población que los demandase. Este informe reclama a la Xunta que especifique la población a la que se le realizó, los proveedores, el número de dosis y el coste de la medida.
La moción, defendida por la diputada del bloque Montse Prado, suscitó la unanimidad de la Cámara en cinco de los puntos recogidos, entre los que se insta a la Xunta a presentar un plan de contingencia para garantizar la asistencia sanitaria de los gallegos en atención primaria y hospitalaria en los próximos meses , tanto por covid, como por posibles brotes de gripe u otras enfermedades respiratorias.
Los grupos del Parlamento también se pronunciaron a favor de que se active la presencialidad en Atención Primaria y reclaman "acabar con las listas de espera a nivel asistencial", apostando por el personal y las medidas de prevención. En suma también pidieron que se garantice la atención telefónica "sin demoras", con un aumento y mejora de la red.
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