La siniestralidad laboral vuelve en Ourense a cifras prepandemia

Ourense regresó en 2023 a los datos de siniestralidad laboral prepandemia. Así se desprende de las estadísticas del Instituto de Seguridad y Salud en el Trabajo de Galicia (ISSGA), que en 2023 determinó un total de 3.095 accidentes laborales: 3.056 leves, 34 graves y 5 mortales; unas cifras similares a las de 2018, cuando los leves fueron 10 menos y los graves 10 más, contándose 4 mortales. Si nos fijamos en el índice de incidencia, que calcula el número de accidentes con baja por cada cien mil trabajadores, Ourense registra 3.504 sobre 80.973 afiliados a la Seguridad Social en los casos leves, por encima de la media autonómica; e incluso superior a comunidades como Madrid.

Pero ni siquiera la pandemia supuso una alteración significativa en los datos de la provincia, puesto que los 2.530 accidentes leves que se produjeron entonces fueron apenas 300 menos que los contabilizados en el 2017. La gran diferencia estuvo en la mortalidad laboral, donde sólo se registraron dos fallecidos, triplicándose esa cifra en 2021, año marcado por el desconfinamiento, y que se cerró con 6 fallecimientos. A partir de ese año, las estadísticas muestran cinco víctimas en 2022 y la misma cifra en 2023.

La evolución de la siniestralidad laboral vuelve, por tanto, al alza después de la interrupción que supuso la pandemia de covid y la cifra redonda de 3.000 siniestros permanece sin reducirse durante los últimos siete años, pese a las políticas de prevención de riesgos laborales que se desplegaron y las limitaciones a las plantillas o la carga de trabajo que se vivieron sobre todo en 2020 y 2021.

Estancados

Los agentes sociales tienen diferentes perspectivas de este estancamiento de las estadísticas. La Confederación de Empresarios de Ourense (CEO) enmarca esta escalada de los datos en un contexto de recuperación económica, pero señala un estancamiento en la seguridad y salud laborales, marcándose como reto el reforzar la cultura preventiva en los centros de trabajo. Una perspectiva que comparten en el sindicato UGT, que califica las cifras como “dentro da normalidade, a niveis estadísticos” según su portavoz, Cristóbal Medeiros, quien añade que “hai máis accidentes porque tamén hai máis traballo”. La postura de Medeiros es que la prevención de riesgos laborales es la misma “y mientras no haya cambios, nos mantendremos en cifras parecidas”.

También desde el sector sindical, para Comisiones Obreras algo no está funcionando en el ámbito de la prevención de riesgos laborales, ya que “se as medidas preventivas funcionaran, as cifras terían que baixar”, argumenta Roberto Garrido desde el área de Salud Laboral del sindicato. Para Garrido, el problema radica en que muchas pymes todavía no consideran la prevención como beneficiosa y si bien prácticamente ninguna empresa carece de plan de prevención, no se hace un seguimiento de su implantación.

La CIG va un paso más allá y asegura que las cifras no bajan por la ausencia de una voluntad real de acometer una reforma en el mercado laboral que ponga a la prevención en el centro. Según su secretario comarcal, Anxo Pérez Carballo, “a maioría de accidentes son evitables e non disminuirán ata que haxa unha auténtica cultura da prevención. Pasaron trinta anos dende a publicación da lei, e aínda nos falta cultura”.

En busca de una nueva ley de prevención adecuada al siglo XXI

La ley de Prevención de Riesgos Laborales vigente data del año 1995, y los agentes sociales están de acuerdo en que es el momento de buscar una nueva normativa adaptada a realidades del siglo XXI. Desde su publicación, se ha ido reforzando con diferentes directivas, pero hay algunos aspectos que requerirían articulado específico. Así, la CEO apuesta por facilitar la aplicación en las pymes, teniendo en cuenta los cambios en el entorno productivo y reforzar la protección frente a riesgos psicosociales.

Los sindicatos creen que una de las realidades que tendrían que incluirse en la nueva ley sería el cambio climático, sobre todo en los contextos de cambios de temperatura. Roberto Garrido (CCOO) ponía el acento en las situaciones de calor extremo, que en Ourense son frecuentes durante los meses estivales y que actualmente no se considera factor de riesgo para interrumpir la jornada laboral.

Para Anxo Pérez Carballo (CIG), una reforma en la catalogación de los accidentes, un mayor papel del trabajador a la hora de determinar políticas de prevención y un refuerzo a la intervención de Inspección Laboral deberían incluirse en el articulado. Por su parte, Cristóbal Medeiros (UGT) señala la perspectiva de género.