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El número 37 de la calle Bonhome de Ourense se convirtió en un infierno para las numerosas mujeres que fueron captadas y obligadas a prostituirse durante el último año. También, en menor medida, para los que ocupaban el resto de pisos. Los vecinos sabían que algo pasaba. Veían llegar a jóvenes en taxis que las dejaban en el portal, escuchaban gritos, música a todo volumen y atestiguaron como los clientes, todos del mismo perfil, subían al segundo piso para comprar droga o solicitar los servicios de las mujeres que allí “vivían”.
En ocasiones la situación se desmadraba y se escuchaban golpes o amenazas. Si el pago no era correcto o no se efectuaba a tiempo, los clientes se quedaban retenidos en contra de su voluntad.
María (nombre ficticio para proteger su identidad) reside en el inmueble y tiene una hija menor de edad. Su relato da fe de lo que ocurría de puertas para dentro: “Esto era insoportable. El telefonillo sonaba durante toda la noche sin parar. Ellas no les abrían y tocaban a cada piso. Después, cuando salían del apartamento, los clientes se quedaban en el portal haciendo ruido”, relata.
A raíz de esto, y dado que conciliar el sueño era cada vez más difícil, los vecinos decidieron desconectar los timbres por las noches. El día que la policía acudió a realizar el registro nadie contestó -porque no se oía- por lo que los agentes tuvieron que forzar el portal con un ariete para entrar.
“Nunca eran las mismas, venían con sus maletas continuamente. Esto funcionaba como un prostíbulo”, indica María recordando ver a las mujeres entrar y salir, siempre acompañadas.
La situación se volvía más crítica para las familias con hijos, que estaban obligados a ver y escuchar escenas violentas en el inmueble.
Por otra parte, el tráfico de drogas era visible durante todo el día: “Sabemos de un chico que vino y no le dejaron salir”, indica. “Otras veces te encontrabas sangre en el portal”, asegura también la inquilina.
Desde que en marzo del año pasado comenzó la actividad, los residentes de los siete apartamentos restantes habían llamado a la policía en numerosas ocasiones: “A veces la música estaba puesta hasta las tantas y no se podía dormir”, recuerda María.
El inmueble, que fue comprado por uno de los miembros de la red está alquilado. Estuvo precintado durante solo unos días.
En 2021, se detectaron 13 casos con indicadores del delito de trata y explotación sexual en la provincia de Ourense, según recoge la Fiscalía gallega en su última memoria, con datos del servicio de Extranjería. La única causa judicializada en la ciudad el último año, fue una trama con cuatro personas investigadas. Dos perjudicadas son menores de edad. Según la Policía Nacional, fueron víctimas de proxenetas que les ofrecieron ayuda, tras escaparse del centro de menores de Montealegre, una situación de especial vulnerabilidad y que fue aprovechada por los tratantes.
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