Veterinarios de Ourense contra el Gobierno: “Nos matan”

Los veterinarios están viviendo sus semanas más convulsas. La nueva normativa estatal que acaba de entrar en vigor y que limita el uso de los antibióticos en las mascotas los ha puesto en pie de guerra contra el Gobierno central.

La medida, que lleva más de un mes en vigor, obliga a los centros veterinarios a comunicar y registrar todos los medicamentos antibacterianos que receten a través de una plataforma informática, Presvet, dependiente del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Las multas a las que se enfrentan en el caso de comunicar datos erróneos o no hacerlo son otro de los puntos conflictivos. “Son absolutamente desproporcionadas”, explican desde el Colegio de Veterinarios de Ourense. En los casos muy graves la sanción oscila entre 60.001 y 1.200.000 euros, en las graves van de 3.001 a 60.000 y las leves de 600 a 3.000 o apercibimientos.

Esta situación ha desencadenado una oleada de protestas con el cierre simbólico de clínicas veterinarias

Los profesionales veterinarios también denuncian que este nuevo sistema supondrá un riesgo para la salud de los animales y un aumento de los costes para los propietarios, ya que tendrán que pagar las nuevas pruebas de su bolsillo. La implementación apresurada de este nuevo sistema y su complejidad han generado fuertes críticas entre los trabajadores del sector. “Estamos muy disgustados porque esto supone una carga más sobre nuestra espalda y porque esta legislación es totalmente restrictiva para nuestra actividad profesional”, señala Juan José Gómez, presidente del Colegio de Veterinarios de Ourense.

La normativa implantada por el Ejecutivo central, emana de Europa, y llega con el fin de controlar el uso de antibióticos en los animales en general y luchar contra las resistencias que están desarrollando algunos animales debido al abuso de estas sustancias. Desde el sector afirman que es necesario controlar esta situación, pero sostienen que la nueva herramienta va “a dificultar su labor diaria y limitar su capacidad para prescribir los tratamientos a los animales”.

Otro de los aspectos que el gremio de veterinarios reclama es que no se “ignore el papel esencial de los animales de compañía en el bienestar emocional y mental de muchas personas”, explica Gómez.

Los profesionales denuncian que esta nueva normativa puede poner en riesgo la salud de los animales

Esta situación ha desencadenado en una oleada de protestas en todo el país a las que se sumaron la gran mayoría de las clínicas ourensanas con cierres simbólicos el pasado martes. “Lo único que va a conseguir esta normativa es que la calidad de la atención baje por la excesiva burocracia y encarecer el precio de los medicamentos”, asevera el presidente de los veterinarios ourensanos.

El cabreo viene de lejos

La ley es el catalizador del enfado, pero el malestar con el Gobierno viene de lejos. El sector reivindica que la profesión veterinaria sea considerada como una verdadera rama sanitaria, además de reclamar que se aplique a sus servicios una bajada del IVA, que en la actualidad está en el 21%. “Nos están matando. El legislador trata a los animales como si fueran bienes de lujo. Cualquier consulta de un animal supone un IVA del 21%, cuando estamos realizando un acto sanitario”, apunta Juan José Gómez.