“Vieron a una víctima fácil porque estaba desahuciada”, testifica un investigador

La segunda sesión del juicio por el asesinato en agosto de 2018 del parricida de Jinamar (Gran Canaria), Fernando Iglesias Espiño, ofreció a la fiscal cinco horas de testimonios que apuntan hacia Óscar González López y Francisco Javier González Hermida como los supuestos responsables de su muerte violenta para quedarse con el dinero de una herencia. Los tres se había conocido en la prisión de Pereiro, en donde la víctima cumplía una larga condena por haber matado en 1996 a su mujer y dos hijos.

Los agentes hablaron de pruebas y también, con sus apreciaciones, apuntalaron la personalidad tanto de la víctima como de los inculpados, con un claro acusado alfa. “Hermida es una persona violenta, fría, calculadora, un mentiroso compulsivo que cuenta una milonga y la mantiene hasta el final”, aseguró el agente del Instituto Armado que llevó la investigación. Tenía deudas derivadas de la gestión de la granja de Suareixa (Maside) y solía “invertir en tragaperras y juegos”. El mismo testigo habló de Óscar como un “juerguista” que consumía “alcohol y drogas”, pero fácilmente manipulable. “Hermida lo utilizó para ayudarle a quitarse a Fernando de encima”, declaró.

La víctima, quien quedó retratada en las conversaciones entre los inculpados como un borracho, estaba a punto de saldar sus cuentas con la justicia (el fin de semana de su muerte pasó a tercer grado). Pero, según los agentes, ya no tomaba alcohol. Bebió mucho en el pasado, cuando perpetró el triple crimen, pero hacía años que seguía el programa de Alcohólicos Anónimos. Sus aspiraciones no pasaban por fugarse, sino con vivir el dinero de la herencia con su hermano de Amoeiro cuando dejase definitivamente la cárcel. “Vieron en Fernando una víctima fácil, desahuciada socialmente, que estaba en prisión y nadie la iba a buscar”, aseguró el investigador.

La Guardia Civil sostiene que los acusados desvalijaron la cuenta de Iglesias Espiño desde que presuntamente lo mataron el 11 de agosto de 2018. “Entre ese día y el 24 de ese mismo mes, se apropiaron de 22.490 euros”, aseguró uno de los agentes. La cuenta quedó solo con 2 euros.

Las pesquisas, que culminaron el 18 de diciembre con la detención de los inculpados, fueron minuciosas. Los teléfonos de los acusados y el muerto hablaron. Y mucho. Siguiendo su rastro a través del posicionamiento que detectan las antenas de telefonía móvil cuando se estimula la red (alguna aplicación del móvil se acciona o actualiza sin necesidad de hacer llamadas), el Instituto Armado sostiene que asesinaron a la víctima nada más llegar a la granja de pollos de González Hermida, en la que Fernando echaba una mano cuando salía de la cárcel. El encargado de ese estudio, pizarra en mano, se lo explicó con detalle al jurado popular que dirimirá el caso.

Posteriormente, llevaron el cadáver a un paraje de difícil acceso en Piñor de Cea no apto para forasteros. El cuerpo apareció el 19 de diciembre en un lugar al que solo se accede a pie y cuesta arriba. Óscar condujo a los especialistas en delitos contra las personas hasta allí al ser detenido porque, según su versión, Francisco Javier le contó en el furgón donde estaba enterrado, sin más explicaciones. Pero los agentes insisten en que ambos estaban junto a la fosa (la fiscal sostiene que estaba hecha de antemano, planificado el asesinato). Los restos aparecieron envueltos en una bolsa negra y con cinta de embalar en la que había unas letras alusivas a una empresa que suministraba pienso a Hermida. También había serrín del que se suele emplear con los animales.

Ese mismo día comenzó, sostuvieron los testigos, la elaboración de la coartada: pasaba por simular que el parricida se había fugado para no regresar al centro penitenciario. “LLevaron el Citroen C4 de segunda mano que había comprado Fernando en julio a Vigo y lo dejaron en una parada de autobús”, aseguraron.

El plan sembró más pistas falsas como retiradas en Portugal con el teléfono de Fernando moviéndose de un lugar a otro para acreditar su huida. Y hasta mensajes de los acusados en los que hablaban de la víctima como si estuviera viva y ebria.

Asegura el equipo investigador que hubo 35 retiradas de dinero de la cuenta del parricida en Abanca en distintos cajeros ,en cuyas cercanías aparecen activados los móviles de los acusados. También hubo retiradas a través de tarjetas prepago y la plataforma Hall Cash (banca electrónica).