Almunia rechaza la petición española y acorrala al naval

La nutrida delegación española que viajó a Bruselas, y que incluía también a los secretarios generales de UGT y Comisiones Obreras así como a representantes de los astilleros, no logró convencer a Almunia de su petición de que sólo se tengan que recuperar las ayudas posteriores a 2011.

El vicepresidente aceptó únicamente eximir de la obligación de reembolsar estas subvenciones tanto a los astilleros como a los armadores que compraron los buques, pero no a los inversores y a las entidades que financiaron su construcción. La decisión final se adoptará el 17 de julio por mayoría en el colegio de comisarios.

'Con argumentos jurídicos hemos visto que se puede excluir de la responsabilidad de devolver las ayudas a los armadores, es decir, a los compradores de los buques. Ya habíamos anunciado que los astilleros no tienen ninguna responsabilidad a la hora de devolución de ayudas. Por lo tanto, queda la devolución de ayudas de los inversores', explicó Almunia tras la reunión.

El vicepresidente del Ejecutivo comunitario desestimó los argumentos presentados por el ministro Soria, que alegaba la 'total inacción' de la Comisión desde 2002 cuando se puso en marcha el 'tax lease' español hasta 2011.

EL SISTEMA FRANCÉS

Almunia señaló que desde que Bruselas determinó en 2006 que el sistema francés de ayudas, muy similar al español, era incompatible con el derecho comunitario, España debería de haber 'tomado nota' y cesado de conceder estos beneficios fiscales.

'Nunca nadie dijo nada en contra del sistema de ayudas', resaltó Soria tras la entrevista con Almunia. Y recordó que en 2009 la entonces comisaria de Competencia, Neelie Kroes, escribió en una carta al Gobierno noruego en la que sostenía que 'el sistema de ayudas al sector naval español es plenamente compatible con las normas de la competencia en Europa'.

Ante la negativa de Almunia, el lehendakari Íñigo Urkullu y el secretario general de Comisiones Obreras, Ignacio Fernández Toxo, han pedido al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que se ponga en contacto con el presidente de la Comisión, José Manuel Durao Barroso, para intentar frenar la decisión.