POLÍTICA FISCAL Y FINANCIERA
Las autonomías rechazan el “chantaje” ideado por Montero
POLÍTICA FISCAL Y FINANCIERA
Todos los consejeros autonómicos que participaron ayer en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, salvo el de Cataluña, expresaron a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, su rechazo explícito al nuevo modelo de financiación autonómica, alegando que nace “viciado” por el pacto previo entre el Gobierno y ERC, a la vez que amenazaron con llevarlo ante la Justicia.
Así se fueron expresando los representantes autonómicos en declaraciones a los periodistas tras más de cuatro horas de reunión, en las que, según los consejeros, la ministra Montero les trasladó lo mismo que hizo el viernes pasado en rueda de prensa. “Es muy significativo que más del 95% de las comunidades autónomas presentes en este Consejo de Política Fiscal y Financiera hayamos mostrado nuestro rechazo frontal”, proclamó el consejero murciano, Luis Alberto Marín.
Y es que las once comunidades gobernadas por el PP, Canarias y las dos socialistas -Castilla-La Mancha y Asturias- transmitieron a Montero su rechazo a este nuevo modelo de financiación autonómica, esgrimiendo que está “precocinado” por el pacto previo entre el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y el líder de ERC, Oriol Junqueras. Durante la reunión, Montero trasladó a las comunidades que la adscripción al nuevo modelo de financiación será voluntaria y que próximamente mantendrá reuniones bilaterales con las comunidades, aunque se encontró en esta cumbre un rechazo explícito de todas las administraciones de régimen común, salvo Cataluña.
Por todo ello, el consejero murciano desveló que todas las regiones pidieron a la ministra Montero que “recapacite” y que vuelva a la senda de la multilateralidad. “Le hemos intentado hacer ver que si todo el mundo va en una dirección y ella va en dirección contraria, probablemente la que vaya por el carril equivocado sea ella”, añadió.
La consejera madrileña, Rocío Albert, insistió en expresar su rechazo frontal a este modelo, desdeñando también el anterior sistema de financiación autonómica y exigiendo al Gobierno central que presente una propuesta multilateral “que no venga dada por el resultado que ha decidido el señor Junqueras”.
El consejero socialista de Castilla-La Mancha, Juan Alfonso Ruiz Molina, denunció que el Gobierno de Pedro Sánchez está intentando trasladar el “chantaje” que le hicieron los independentistas hacia las comunidades autónomas. El representante del Ejecutivo de Emiliano García-Page centró su crítica en la intención de Hacienda de que este modelo sea voluntario: “Nos están diciendo que si lo aceptamos, tenemos 1.248 millones más y si no lo aceptamos, pues lo perdemos”.
La vicepresidenta del Principado de Asturias, Gimena Llamedo, advirtió antes del Consejo de Política Fiscal que no le gustaron las formas empleadas hasta ahora por el Gobierno central y rechazó adherirse a un acuerdo que califica de “plato precocinado”, por lo que pidió que se abra una negociación en pie de igualdad con todas las CCAA. En una línea similar, la consejera extremeña, Elena Manzano, afeó la “ausencia de respeto institucional” que, a su juicio, mostró la ministra durante el encuentro.
La consellera de Economía y Finanzas de la Generalitat de Cataluña, Alicia Romero (PSC), elogió el trabajo del Gobierno central para presentar un nuevo modelo de financiación, del que dijo que es una “ventana de oportunidad” para las administraciones autonómicas y prometió trabajar para convencer a todos los grupos parlamentarios que mostraron sus recelos, como Junts.
Así se expresó la consellera Romero en declaraciones a los periodistas al término de la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), en el que la ministra Montero detalló a las comunidades su propuesta de financiación. En este contexto, la Generalitat puso en valor el trabajo de Montero para presentar una “propuesta clara y concreta” sobre financiación y recalcó que “ganan todas las comunidades autónomas” y que será “más justo y equitativo”. Por ello, defendió que su Ejecutivo “no quiere renunciar” a que Cataluña pierda 4.700 millones de euros, garantizando que trabajará para convencer a los grupos parlamentarios, “que son los que finalmente deben votar este nuevo modelo para que salga adelante”.
La consellera Romero también se pronunció sobre las críticas que suscitó este nuevo modelo de financiación autonómica entre todas las comunidades, aunque se centró en las regiones “populares”, retándolas a incorporar su visión y sus ‘propuestas’ para que “pueda ser un modelo más enriquecido”. Con todo, la representante del Gobierno catalán reprochó al PP que decidiera no renovar el modelo de financiación cuando tenía mayoría absoluta.
La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se mostró de acuerdo en, tal y como plantea el Partido Popular, destinar una parte de los fondos del sistema de financiación autonómica a la construcción de vivienda, pero con la condición de que el resto del dinero se vincule a sanidad y educación de titularidad pública. “Estoy dispuesta a hablar de fondos finalistas, pero además de la vivienda, que los fondos vayan a la educación pública de titularidad pública y para la sanidad pública de titularidad pública”, señaló la vicepresidenta.
El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, se mostró partidario de “primero ganar la batalla política” respecto al nuevo modelo de financiación autonómica antes de recurrirlo al Tribunal Constitucional como hicieron otras autonomías. Volvió a insistir en su oposición al modelo de financiación autonómica, mostrándose convencido de que no va a salir adelante. “No debe salir”, incidió. “Lo primero que hay que hacer es dar la batalla, hay que retirar el intento de ruptura de la igualdad de España”, reiteró.
La vicepresidenta del Principado de Asturias, Gimena Llamedo, advirtió ayer que no gustaron las formas empleadas hasta ahora por el Gobierno central y rechaza adherirse a un acuerdo que califica de “plato precocinado”. La vicepresidenta asturiana recalcó que “no nos gusta que nos pida que nos adhiramos a un contrato suscrito previamente, tampoco los platos precocinados y lo que pedimos es que se abra un diálogo y que se abra una negociación con todas las comunidades autónomas”.
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