Consumo investiga a una empresa de autobuses por inflar precios al pagar y no devolver viajes cancelados

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha incoado un expediente sancionador contra una empresa de transporte de viajeros en autobús por incurrir en presuntas prácticas desleales en la fijación de tarifas y aplicar cláusulas abusivas que afectan directamente al bolsillo de los usuarios.

La actuación, iniciada a través de la Dirección General de Consumo, pone el foco en la ocultación del coste final durante la reserva en línea. La compañía añade los gastos de gestión únicamente en la última fase de compra, una operativa conocida en el sector como "precio por goteo" o "drip pricing" que impide a los pasajeros contrastar ofertas reales con otros operadores y vulnera la legislación de consumidores. Esta maniobra de publicidad engañosa puede conllevar sanciones económicas de hasta 100.000 euros o equivalentes a entre cuatro y seis veces el beneficio ilícito generado.

Asimismo, las pesquisas del departamento encabezado por Pablo Bustinduy revelan que la mercantil niega el reembolso íntegro a los clientes cuyos trayectos resultan cancelados. La empresa retiene las comisiones de gestión amparándose en condiciones de contratación consideradas abusivas, una vulneración contractual que prevé multas de hasta un millón de euros o de entre seis y ocho veces el beneficio indebido.

Consumo recuerda que la normativa vigente, actualizada con la conocida como Ley SAC de atención al cliente, obliga a mostrar el precio íntegro desde el primer momento de la oferta comercial. El expediente constituye el segundo proceso sancionador instruido por el ministerio a lo largo del año por irregularidades en los precios del transporte, tras el abierto durante los meses de verano contra un operador de billetes de avión y tren.