El Gobierno cambia la norma de evaluación de las pensiones

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones diseñó un proyecto de ley, ahora en audiencia pública, con el que reforma el Real Decreto de 18 de febrero que establecía cómo debía evaluar la Autoridad Independiente y de Responsabilidad Fiscal (AIReF) el sistema de pensiones por si fueran necesarias medidas adicionales de ingresos.

Con los cambios introducidos en este proyecto de ley, la AIReF tendrá que elaborar un informe adicional al emitido el pasado 31 de marzo sobre el cumplimiento de la regla de gasto en pensiones. Es decir, que el sistema deberá volver a pasar un nuevo examen antes de lo previsto, pues estas evaluaciones de la AIReF estaban establecidas para realizarse cada tres años.

La repetición del examen de la AIReF se debe a presiones de Bruselas para que, en la evaluación de las pensiones, no se tengan en cuenta las transferencias del Estado como ingresos, frente a lo recogido en el Real Decreto del Gobierno. De hecho, en el proyecto de ley que ha elaborado ahora el Ministerio se suprime la apelación directa que se hacía en el artículo 12 del Real Decreto para considerar como ingresos del sistema de la Seguridad Social las transferencias del Estado al Presupuesto de la Seguridad Social.

En el texto del proyecto de ley, el Gobierno justifica la necesidad de modificar el Real Decreto de 18 de febrero en las recomendaciones que realizó la AIReF en su primer examen de pensiones. El organismo recomendó integrar la regla de gasto de pensiones alineándola con los objetivos del marco fiscal, tanto europeo como nacional, con el objetivo de mejorar la coordinación y simplificar el sistema actual.

Además, expone el Ejecutivo, la AIReF cree necesario homogeneizar los periodos de revisión, puesto que la regla de pensiones se revisa cada tres años y el Plan Fiscal y Estructural a Medio Plazo tiene una vigencia de cuatro años aunque es objeto de seguimiento anual. Con el objeto de avanzar en el cumplimiento de esta recomendación, el Gobierno considera necesario modificar la normativa “a pesar de su corta vigencia”, para incorporar en el texto “una referencia tanto a la sostenibilidad del sistema público de pensiones como a la sostenibilidad a largo plazo de las finanzas públicas”. “Se pretende con ello dar un primer paso en la homogeneización de las reglas propuestas por la AIReF incorporando en el análisis la sostenibilidad en el largo plazo”, apunta el Ejecutivo.

Asimismo, el Gobierno afirma que modifica el Real Decreto para que la AIReF realice un informe adicional antes del 1 de junio de 2026 con el fin de tener en cuenta “los grandes shocks en los datos definitivos macroeconómicos de los últimos años y disponer de suficientes datos para evaluar las reformas económicas”.