El Gobierno decreta por primera vez la retirada de aceite de oliva para evitar un desplome de precios

El Gobierno ha decretado por primera vez la retirada obligatoria de una parte de la producción de aceite de oliva del mercado para evitar que el aumento de la oferta provoque un desplome de los precios en origen. La medida, publicada este viernes en el Boletín Oficial del Estado (BOE), obliga a las almazaras a almacenar el 12% de su producción, lo que supone unas 188.000 toneladas, hasta el 30 de septiembre de 2027.

La decisión comienza a aplicarse desde este viernes sobre la producción declarada correspondiente al mes de noviembre. El aceite producido en octubre, primer mes de la campaña 2026/2027, queda fuera de esta obligación.

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación activa así el mecanismo previsto para situaciones de sobreproducción con el objetivo de regular la oferta y estabilizar el mercado. La medida es extraordinaria y temporal y podrá modificarse a partir del 31 de diciembre de este año en función de cómo evolucione la producción.

Una cosecha un 23% mayor

La decisión llega ante las previsiones de una campaña especialmente abundante. Las comunidades autónomas calculan una producción de 1.602.596 toneladas de aceite de oliva, un 23% más que en la campaña anterior y la cuarta mayor registrada históricamente.

A esta cantidad se suman unas 357.040 toneladas de existencias iniciales, un 23,3% más que en el ejercicio anterior. La combinación de ambas cifras alcanza el 120% de la producción media de las seis campañas precedentes, el umbral establecido para activar el mecanismo de retirada.

Las buenas condiciones meteorológicas de la pasada primavera, con temperaturas suaves y lluvias abundantes, favorecieron la floración y el cuajado de la aceituna en las principales zonas productoras, elevando las previsiones de cosecha.

Cada almazara deberá aplicar el 12% sobre su producción mensual acumulada, independientemente de la categoría del aceite. Los productores podrán decidir qué tipo de aceite retiran y si lo almacenan en instalaciones propias o recurren a espacios externos.

El producto deberá permanecer fuera del mercado hasta el 30 de septiembre de 2027, aunque la resolución podrá modificarse antes si las circunstancias de la campaña cambian.

Un mecanismo para proteger los precios en origen

La medida responde a las peticiones de las organizaciones agrarias y de Cooperativas Agro-alimentarias de España, que reclamaban una intervención ante el riesgo de que una cosecha elevada presionase a la baja los precios que reciben los productores.

El ministro de Agricultura, Luis Planas, ha defendido que se trata de una medida "extraordinaria y temporal" y compatible con la normativa europea. El objetivo, según el Ministerio, es garantizar la rentabilidad de los agricultores y evitar distorsiones en el mercado.

La retirada será supervisada mediante un grupo técnico de seguimiento coordinado por Agricultura y con participación de las comunidades autónomas. Las almazaras deberán declarar su producción y existencias a través del Sistema de Información de los Mercados Oleícolas (SIMO) y podrán ser sometidas a controles para comprobar el cumplimiento de la obligación.

La decisión llega después de dos campañas marcadas por una fuerte caída de la producción debido a la sequía y las altas temperaturas, que llevaron el precio del aceite de oliva a máximos históricos. Ahora, con la recuperación de la cosecha, el Gobierno busca evitar el efecto contrario: que el exceso de oferta provoque una caída brusca de las cotizaciones y perjudique a los agricultores.