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CONDONACIÓN DE LA DEUDA
Las comunidades del PP en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) registraron su voto como abstención, pese a abandonar la reunión antes de debatir la condonación de la deuda. El Gobierno interpreta esta actitud como una vía abierta a aceptar la medida. La propuesta del Ejecutivo, que prevé asumir hasta 83.000 millones de deuda autonómica, necesitaba el aval de una sola comunidad para salir adelante. Castilla-La Mancha, Asturias y Cataluña la respaldaron, mientras que el resto de comunidades gobernadas por el PP optaron por ausentarse para evitar un voto explícito en contra.
Hacienda considera que, al firmar el acta de inicio, los consejeros del PP se abstuvieron en la práctica. Cree que evitaron votar en contra por instrucciones de Génova y prefirieron “tirar por el camino del medio”. También algunos socialistas señalaron que esta estrategia les permite acogerse a la condonación sin contradecir su discurso. En este sentido, desde el Ejecutivo creen que algunos gobiernos autonómicos del PP, aunque públicamente rechacen la medida, valoran en privado los beneficios económicos que supondría para sus territorios. La propia Montero auguró incluso antes del Consejo de Política Fiscal que las comunidades del PP acabarían avalando la condonación de la deuda pese al rechazo frontal.
El Gobierno insiste en que finalmente las comunidades del PP aceptarán la medida si se aprueba en el Congreso, donde necesitará mayoría absoluta. La ministra María Jesús Montero explicó que la condonación se materializará en una ley orgánica y será de adhesión voluntaria.
En algunos territorios ya se percibe un cambio de tono, como en Aragón, cuyo presidente, Jorge Azcón, ha mostrado interés en revisar la “letra pequeña”. En paralelo, otros dirigentes populares han pedido revisar el reparto para que beneficie a todas las autonomías de manera equitativa.
La presidenta de la AIReF avaló la propuesta pero recomendó que la quita lleve condiciones, una exigencia compartida por algunos grupos parlamentarios. Montero no descarta cambios en la tramitación para asegurar apoyos. Euskadi y Navarra, fuera del régimen común, han pedido compensaciones similares, y el Gobierno estudia posibles ajustes. Además, algunos sectores económicos advirtieron que el impacto de la medida dependerá de cómo se diseñe su aplicación, ya que podría generar desigualdades entre comunidades si no se establecen criterios claros de distribución.
Castilla y León y la Comunidad de Madrid, por su parte, anunciaron que recurrirán la condonación de deuda si se aprueba por ley. El presidente castellanoleonés, Alfonso Fernández Mañueco, confirmó que su gobierno llevará un recurso ante el Tribunal Constitucional. Mientras, el Ejecutivo madrileño, a través del consejero Miguel Ángel García Martín, analizará posibles acciones legales contra la medida expuesta. Ambas consideran que la propuesta del Gobierno genera desigualdades.
Isabel Díaz Ayuso llamó a “poner pie en pared” contra el Gobierno de Pedro Sánchez antes de que “arruine” el país y criticó la condonación de deuda, calificándola de “condena” para los contribuyentes. En un acto del PP de Madrid, ironizó sobre la medida diciendo: “De los mismos creadores de La amnistía es por la convivencia ahora viene Os vais a tragar las deudas de los nacionalistas por solidaridad”. Denunció que Cataluña dejará de aportar a la “caja común”, lo que considera una “traición” que facilitará futuros intentos independentistas. También afirmó que esta decisión generará un agravio comparativo con otras comunidades, debilitando la igualdad territorial.
Advirtió que, tras la eliminación de delitos como la sedición y la malversación, cualquier nuevo “golpe” será solo un “golpecito”, pues el Estado ya no tendrá presencia en Cataluña. Reclamó valentía frente al “sanchismo”, instando a empresarios, medios y ciudadanos a movilizarse: “Esto va de valientes y de gente comprometida con su país”. Comparó la situación con la Venezuela de los años 90 y alertó del riesgo de autocracia: “Esto va de democracia o de una autocracia”.
Criticó el “negocio corrupto del nacionalismo” y denunció que el Gobierno busca perpetuarse en el poder para instaurar una “tercera República plurinacional, dividida y fracasada”. Aseguró que Madrid seguirá liderando la economía del país pese a los ataques del Gobierno y prometió no cesar en su lucha hasta “expulsar” al actual Ejecutivo y sus aliados de las instituciones.
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