Multan con 20,5 millones a empresas del grupo Repsol y se les prohíbe participar en contratos públicos

Empresas del grupo Repsol han sido sancionada por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) con una multa de 20,5 millones de euros. También les ha prohibido a varias de sus filiales participar en contratos públicos, sanción que la compañía ha rechazado "de forma tajante". Repsol considera que la decisión se basa en un relato parcial y descontextualizado, con errores de método y de derecho, que ignora el contexto excepcional de 2022, marcado por la crisis tras la invasión de Ucrania por Rusia, y ha anunciado que recurrirá ante la jurisdicción contencioso-administrativa para hacer valer todos sus argumentos.

La CNMC aplicó la sanción a Repsol Comercial de Productos Petrolíferos, Solred y Campsa Estaciones de Servicio por una supuesta política comercial de "estrechamiento de márgenes abusivo", en perjuicio de las estaciones de servicio independientes ('low cost') que compiten con la petrolera.

En su comunicado, Repsol subraya que la CNMC no acredita ni posición de dominio ni efecto de exclusión en el mercado y defiende que actuó "con transparencia y en beneficio de los consumidores en el peor momento de la crisis inflacionaria". La compañía destaca que es la primera vez en la historia de la competencia nacional y comunitaria que se sanciona a una empresa por aplicar descuentos públicos y supervisados por la Administración, en este caso superiores a 450 millones de euros, para aliviar la situación de familias y profesionales.

Repsol advierte que sancionar una conducta legal y supervisada desnaturaliza la norma, limitará los descuentos futuros y desincentivará respuestas responsables ante crisis, recordando que estos descuentos minoristas fueron exigidos por el Real Decreto-ley 6/2022, supervisado por la CNMC durante todo 2022.

El grupo dirigido por Josu Jon Imaz calificó la resolución de "arbitraria" y denunció que el regulador infla artificialmente la cuota de mercado, mezclando productos y clientes, cuando su cuota real se situó en torno al 25% en 2022. Según Repsol, nunca antes se había sancionado a una empresa con cuotas inferiores al 30% y en un periodo tan corto de tiempo.

Durante todo el procedimiento, Repsol ha acreditado que no hubo efectos de exclusión de competidores ni dependencia real. La CNMC identificó solo 12 estaciones de servicio de tres competidores en cuatro entornos locales seleccionados arbitrariamente, sin demostrar exclusión real ni salida de competidores. Una de estas empresas, AS24, confirmó por escrito que no sufrió ningún pinzamiento, información que la CNMC ignoró.

Repsol lamenta que el organismo se preocupe más por los resultados de los competidores que por los ahorros generados para los clientes, y destaca el crecimiento continuo de la cuota de mercado de los operadores independientes. También considera sorprendente que no se mencione el fraude en el expediente, pese a las denuncias presentadas, dado el incumplimiento masivo de obligaciones regulatorias y fiscales en la distribución mayorista de carburante.