PP, Vox y Junts tumban la ley de Sumar para prohibir los despidos en deslocalizaciones de empresas

El PP, Vox y Junts tumbaron este martes en el Congreso una proposición de ley presentada por Sumar que pretendía prohibir los despidos colectivos de las empresas que trasladasen su actividad industrial, productiva o de negocio a territorios fuera de la UE o del Espacio Económico Europeo. Coalición Canaria se abstuvo en la votación, mientras que el resto del hemiciclo votó a favor, dejando un resultado final de 178 votos en contra, 168 a favor y una abstención.

Además de la prohibición de despidos, la iniciativa buscaba obligar a las compañías a devolver las ayudas públicas recibidas en los cuatro años previos y permitir la participación de los sindicatos en las negociaciones y acuerdos que se alcancen en los procesos de venta o transmisión de empresas y unidades productivas. La portavoz de Sumar, Verónica Martínez Barbero, condenó el voto de las derechas en contra de la industria y los empleos industriales, acusando a los partidos contrarios de no querer “hablar de la España real” de la gente trabajadora.

Durante el debate, la diputada del PP, María Isabel Prieto, calificó la propuesta de desproporcionada y una injerencia en la organización de las empresas, añadiendo que supone más obligaciones y cargas burocráticas. Desde Vox, Juan José Aizcorbe criticó la obligación de devolver ayudas públicas por considerarla una medida amplia que podría penalizar decisiones empresariales legítimas. Por parte de Junts, Josep Maria Cervera acusó a Sumar de tener una “mirada miope” al defender al trabajador y hacer el marco normativo más rígido.

En cambio, PSOE, PNV, Bildu, ERC, Podemos y BNG votaron a favor de la proposición. La diputada del PSOE, María Luisa Sanz Martínez, valoró favorablemente la iniciativa y destacó que la Ley de Industria del Gobierno va más allá, buscando mantener y proteger la actividad existente y atraer nuevos proyectos, favoreciendo el empleo y la cohesión social y territorial. La portavoz del PNV, Idoia Sagastizabal, destacó que en países como Francia y Alemania existen medidas similares y que el Estado no puede ser “un espectador pasivo” cuando se destruyen puestos de trabajo.

El portavoz de EH Bildu, Oskar Matute, instó a que la devolución de ayudas públicas se amplíe a la última década y no solo a cuatro años. Por su parte, el BNG y Podemos apoyaron la admisión a trámite, pero advirtieron de que la propuesta queda escasa y debería ser más severa con empresas que deslocalizan su actividad. El portavoz de asuntos laborales de ERC, Jordi Salvador, subrayó que el voto favorable busca terminar con el abuso de poder y el feudalismo moderno que ejercen algunas empresas.