Los cambios para estabilizar la tarifa eléctrica, aún sin fecha

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, aseguró ayer que el Gobierno busca fórmulas para abaratar el precio de la luz mencionando cambios en la tarifa regulada PVPC, pero sin concretar, al tiempo que descarta las propuestas de intervención de precios de sus socios de Gobierno, Unidas Podemos, asegurando que “jamás va a impulsar la adopción de medidas que son frontalmente contrarias al derecho comunitario”.

Respecto a los cambios en la tarifa regulada, Ribera apuesta por reducir su “dependencia de un mercado volátil como el mayorista” y, para ello, ir “integrando cestas de indicadores más estables” con el fin de propiciar “horquillas de precios más estables, menos volátiles”. “Estamos abiertos a hacerlo”, dijo. En todo caso, señaló que la tarifa regulada PVPC sigue siendo una opción más barata que las del mercado libre -un 20% dijo-, pese a que la evolución del mercado mayorista la encareció un 6,9% en la primera mitad de año y, por contra, el mercado libre cayó en este período un 4,6%.

Según los datos ofrecidos por la vicepresidenta tercera, el promedio pagado por un consumidor de tarifa regulada fue en 2018 de 598 euros; 562 euros en 2019; 512 en 2020 y, revirtiendo esta tendencia descendente, se proyecta un precio récord de 644 euros para este año, lo que supone una electricidad 25% más cara respecto al año anterior. Sin embargo, ese aumento, indicó, no es equivalente al del mercado mayorista, cuyo precio medio se ha triplicado respecto a 2020, o la evolución de factores como el coste del gas natural, disparado al multiplicarse por 5,5 su precio en un año, o los derechos de emisión de CO2, que son el doble ahora respecto a 2020.

Discrepancias con Podemos

Ribera señaló que la reciente propuesta de Unidas Podemos, en la que se recoge establecer un precio fijo para la energía nuclear y un máximo para la hidroeléctrica con la meta de abaratar la factura de la luz, es contraria al marco europeo y tendría un problema práctico importante, además con un alto grado de litigiosidad. “Debemos respetar el marco del derecho comunitario y del derecho constitucional, lo contrario sería enormemente arriesgado por atractivo que pueda resultar en el corto plazo”, advertía en su intervención en la comisión extraordinaria de Transición Ecológica y Reto Demográfico.

A juicio de la vicepresienta “no hay nada más perjudicial para los ciudadanos y el tejido empresarial de España, ya que acaba convirtiéndose en pérdida de confianza en el país, multas y sanciones más intereses”. Recordó que hay algunos elementos básicos en el marco comunitario, que son esencialmente cuatro: una “prohibición expresa” de establecer precios mayoristas regulado, de fijar precios máximos o mínimos y de discriminar por tecnologías el acceso al mercado mayorista, además de la obligación de aplicar el principio de precios marginales. Ribera recordó que el Gobierno dará “batalla política” en Bruselas para lograr mecanismos con los que rebajar la factura de electricidad a los consumidores, aun a costa de los beneficios de las compañías.

En su intervención en la comisión extraordinaria de Transición Ecológica y Reto Demográfico, la vicepresidenta apoyó la creación de una comisión para estudiar el precio de la luz