La reforma para la vivienda llega a debate en el Congreso

El Congreso debate el 25 de noviembre una proposición de ley de Sumar que modifica la Ley de Vivienda de 2023 y busca prohibir que empresas, fundaciones, personas jurídicas o fondos de inversión compren viviendas en España. La iniciativa intenta reducir el peso de los grandes actores financieros en el mercado residencial y abrir más espacio a compradores particulares.

Alberto Ibáñez, portavoz de Vivienda de Sumar y diputado de Compromís, impulsa la propuesta para “poner freno” a la especulación que realizan “Socimis y fondos buitres”. Afirma que Sumar considera “prioritario” y “urgente” frenar la acumulación de vivienda “en unas pocas manos”, porque presiona los precios y limita el acceso a un derecho básico. Añade que la expansión del modelo inversor genera tensiones crecientes en el alquiler y en la compra, sobre todo en zonas urbanas con demanda alta.

La proposición sostiene que el derecho de disfrute de la vivienda corresponde a personas físicas. Señala que las personas jurídicas orientan la vivienda a una función de inversión y no a la experiencia vital de habitar. Por eso, Sumar propone que las jurídicas solo tengan propiedad de inmuebles no residenciales destinados a actividades económicas primarias, secundarias o terciarias, con el objetivo de separar claramente el uso residencial del uso mercantil.

Ibáñez afirma que la medida “pone freno a la especulación”, que es “sencilla” y que tiene “encaje constitucional” y “encaje en el derecho europeo”. Define la iniciativa como “conservadora”, orientada a proteger el acceso a la vivienda y a limitar dinámicas especulativas. Indica también que la reforma busca aportar estabilidad a un mercado que registra concentración creciente en manos de fondos internacionales.

También señala que “no hay consenso” para abrir el debate sobre cuántas viviendas puede tener una persona, aunque sí existe una mayoría transversal, “desde la extrema derecha a la izquierda parlamentaria”, que respalda limitar la especulación empresarial. Asegura que este acuerdo amplio facilita el avance del proyecto y crea un escenario de apoyo político más estable.

Ibáñez concluye que “estoy convencido de que el PNV y Junts se sienten cómodos diciendo adiós a los fondos buitre”, y cree que la iniciativa puede reunir una “mayoría parlamentaria” suficiente. Añade que ambos partidos muestran interés en proteger el mercado local, frenar el acceso de grandes fondos al parque residencial y reforzar la autonomía de sus territorios en materia de vivienda.