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Ahora será la Policía internacional (Interpol) quien tendrá que verificar los mecanismos de ubicación y posterior captura de De Irala, según el propio Ministerio Público, citado por la Agencia Bolivariana de Noticias.
La solicitud legal fue realizada el pasado 8 de febrero ante el juzgado, por la presunta comisión del delito de quiebra fraudulenta en el que podría estar involucrado el ex presidente de Iberia. El tribunal, después, solicitó al Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (CICPC) que remitiesen el caso a la Interpol.
La Fiscalía venezolana, pidió además el mes pasado a España asistencia mutua en materia penal, con el fin de entregar a De Irala para que declare en calidad de imputado. En septiembre de 1991 el Estado venezolano, a través del Fondo de Inversiones de Venezuela (FIV), decidió vender el 60% de las acciones de Viasa, que perteneciía al Estado, a Iberia, que pretendía hacerse con la totalidad de la empresa, y al Banco Provincial.
Posteriormente, ante la situación financiera de Viasa, en diciembre de 2000 el Juzgado 3° de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y de Tránsito de Caracas decretó la quiebra de la línea aérea venezolana.
IMPLICADOS EN LA QUIEBRA
El pasado 13 de diciembre de 2007, el Ministerio Público acusó a otros presuntos implicados en el mismo caso, entre ellos Rafael García Hernández, Alberto Poleto, Víctor Sánchez Leal y Alexis Garrido Soto, por la comisión del delito de quiebra fraudulenta de la aerolínea venezolana.
Además, a Guillermo Girier Hospice y Víctor Laviosa Pru les fue atribuida la presunta comisión del delito de quiebra fraudulenta, pero bajo la modalidad de cómplice necesario.
Asimismo, están pendientes los actos conclusivos en relación con los imputados Pedro Antonio Echeverría, ex administrador mancomunado de Viasa; José María Nogueroles, presidente del Banco Provincial para el momento en que se solicitó el beneficio de atraso a la empresa de aviación y David Rosario Krasner, síndico de la quiebra de la empresa.
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