La Fiscalía pide 173 años de cárcel para Francisco González y más de 181 millones de multa al BBVA por encargos a Villarejo

La Fiscalía Anticorrupción ha pedido una pena de 173 años de cárcel para el expresidente del BBVA, Francisco González, y una multa de 181 millones de euros para la entidad bancaria, de cara al futuro juicio por la contratación del comisario jubilado José Manuel Villarejo para la presunta comisión de encargos ilegales entre 2004 y 2006.

Según 'Expansión' y fuentes jurídicas, el Ministerio Fiscal solicita esta pena para González y el BBVA por delitos de cohecho activo y descubrimiento y revelación de secretos de particulares con difusión a terceros.

La Audiencia Nacional confirmó el 20 de febrero el procesamiento del BBVA, de su expresidente González y de varios exdirectivos de la entidad por estos presuntos hechos.

En relación con González, la Sala Tercera de la AN señaló que algunos de los contratos con CENYT, el grupo empresarial de Villarejo, fueron ordenados por el entonces presidente del BBVA, “que ya sabía quién era esta entidad y sus métodos de investigación”.

Los jueces concluyeron que es razonable interpretar los indicios del auto recurrido para determinar la participación de González en delitos de cohecho y revelación de secretos, y que era consciente de que la información obtenida por CENYT “fuera sin respetar la legalidad”.

Señalaron además que se sirvió de funcionarios policiales para acceder a datos íntimos y fuentes cerradas, sin autorización judicial, y aun así ordenó seguir contratando los servicios de Villarejo.

“Estos hechos presentan los caracteres de delitos continuados de cohecho y revelación de secretos”, indicó la Sala, lo que llevó a la desestimación del recurso en este punto.

El juez les procesó en 2024

En junio de 2024, el juez instructor, Manuel García Castellón, propuso juzgar al banco, a González y a Villarejo por delitos de descubrimiento y revelación de secretos, poniendo fin a la instrucción de la pieza separada 9 del caso Villarejo.

El inicio de los hechos se relaciona con la contratación por el BBVA del comisario Julio Corrochano en septiembre de 2002, con la expresa aquiescencia de González, que permitió un enlace entre la entidad y otros comisarios, incluidos Villarejo y Enrique García Castaño.

El juez explicaba que Villarejo, haciendo uso de su posición dentro de la policía, implementó una estructura empresarial para lucrarse mediante su acceso a registros y bases de datos reservadas.

Corrochano informó a González de esta actividad anómala e ilegal, garantizando discreción y opacidad.

Ante la ausencia de un programa de control y supervisión, González autorizó y permitió que un núcleo reducido de altos directivos conociese y aprobase los contratos para proyectos de inteligencia, que incluían seguimientos, intervención de llamadas, consulta de bases de datos y averiguación de patrimonios de empresarios, abogados y periodistas.