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LOS DETALLES
El Consejo de Ministros da luz verde este martes a un decreto ómnibus que incluye un total de 29 medidas sociales, económicas y fiscales, recuperando gran parte de las iniciativas rechazadas la semana pasada por el Congreso.
Entre las novedades, se introduce un sistema público de avales y garantías tanto para propietarios como para inquilinos. Así lo anunció el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en una rueda de prensa tras la reunión del gabinete.
El decreto ómnibus agrupa medidas de diferentes áreas en un único paquete legislativo. Es una técnica habitual en momentos de complejidad política, utilizada para agilizar la aprobación de normas en contextos de urgencia.
El Gobierno de Sánchez ha empleado esta estrategia en varias ocasiones, como durante la pandemia, cuando incluyó cambios ajenos a la crisis sanitaria, o en el megadecreto de 39 medidas aprobado antes de las últimas elecciones generales, que abarcaba desde el transporte público hasta la regulación de taxis y VTC.
La subida solo se aplicará en la nómina de enero de 2025, mientras que, a partir de febrero, se volvería a las cuantías previas salvo nuevas medidas gubernamentales.
Se prorroga el SMI actual hasta que se alcance un acuerdo con los agentes sociales para una nueva subida.
Extensión de las bonificaciones al transporte público hasta el 30 de junio de 2025, con descuentos de hasta el 50% en algunos títulos.
El Gobierno planea aprobar la prórroga del Plan Moves III para la compra de vehículos eléctricos.
Prórroga de la suspensión de desahucios de personas vulnerables hasta finales de 2025, incluyendo ahora también a los ocupantes ilegales. Esta medida ha generado discrepancias con Junts.
El Gobierno cederá un inmueble en la Avenue Marceau, nº 11, al PNV bajo la Ley de Memoria Democrática, aunque el Instituto Cervantes podría usarlo hasta 2030 pagando un alquiler de mercado.
Subvención de 4,5 millones de euros para reforzar la capacidad de acogida de menores no acompañados en Ceuta.
El escudo "antiopas" busca proteger sectores estratégicos de España frente a riesgos de seguridad y orden público, limitando determinadas inversiones extranjeras directas provenientes de la Unión Europea (UE) y la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC). El régimen está complementado por el Real Decreto de Inversiones Extranjeras en España de julio de 2023, que regula el procedimiento de control de inversiones.
Sin embargo, el decreto no incluye la prórroga de la reducción del IVA en alimentos básicos, algo que ha motivado el rechazo del PP.
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