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MODIFICACIONES Y MEJORAS
Este lunes, los grupos parlamentarios han aprobado elevar a comisión el informe final para la renovación y actualización del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, un documento que incluye más de 460 medidas dirigidas a reforzar la protección de las víctimas y la prevención de la violencia. Según el informe al que ha tenido acceso Europa Press, esta decisión fue tomada por la Subcomisión para la renovación y actualización del pacto, que aprobó por mayoría el informe final, resultado de los trabajos iniciados en la pasada legislatura y retomados en mayo de 2024.
Con la aprobación de este informe, se abre un plazo de 72 horas para la presentación de votos particulares, los cuales serán debatidos junto al informe final en una próxima reunión de la Comisión de Evaluación y Seguimiento del Pacto de Estado contra la Violencia de Género.
Entre las medidas más destacadas, se encuentra la solicitud para la aprobación de la Ley Orgánica Integral contra la Trata y la Explotación de Seres Humanos, la cual establecerá mecanismos adecuados para la prevención y el refuerzo de la persecución de estos delitos. Además, la ley prevé la creación de servicios y programas para la protección social y la recuperación integral de las víctimas de trata y explotación sexual, con un enfoque en los recursos humanos y económicos necesarios para su implementación.
El informe también propone una modificación de la Ley Orgánica de protección a testigos y peritos en causas criminales, con el fin de mejorar la protección de víctimas, testigos y denunciantes del delito de trata.
Otra de las medidas destacadas es el reconocimiento, regulación y definición de la violencia económica como una forma de violencia de género. Esta medida se enfoca en acciones que buscan limitar, suprimir o controlar de manera injustificada el acceso de las mujeres a los recursos económicos, afectando su capacidad para mantenerse a sí mismas y a sus hijas e hijos.
Finalmente, el informe plantea sanciones a aquellos que, sin autorización de la persona afectada, difundan, exhiban o cedan imágenes o audios creados mediante tecnologías de modificación como los deep fakes, con el objetivo de menospreciar o atentar contra la integridad moral de las personas afectadas.
Este paso hacia la renovación del Pacto de Estado representa un avance importante en la lucha contra la violencia de género y en la creación de un entorno más seguro para las mujeres en España.
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