La Audiencia Nacional investiga si el apagón en España fue un sabotaje informático

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha abierto una investigación para esclarecer si el apagón eléctrico que afectó a toda España este lunes fue provocado por un acto de sabotaje informático. Aunque el origen del incidente aún se desconoce, el magistrado considera que el ciberterrorismo es una hipótesis plausible.

Como primeras diligencias, ha requerido informes al Centro Criptológico Nacional, a Red Eléctrica y a la Jefatura de Información de la Policía, que deberán presentarse en un plazo de 10 días. El juez subraya la gravedad del suceso, que afectó a infraestructuras críticas como energía, salud o transporte.

Según el Gobierno, el corte de suministro se produjo a las 12:30 h y supuso la pérdida repentina de 15 gigavatios de energía en cinco segundos, el 60% del consumo nacional, un hecho sin precedentes en la red eléctrica española.

Problemas de "seguridad en cascada"

El titular del Juzgado Central de Instrucción Número 4 explica que conforme al artículo 573 del Código Penal los delitos informáticos pueden ser calificados como terrorismo cuando su finalidad sea desestabilizar gravemente el orden constitucional o el funcionamiento de los servicios esenciales.

El instructor, en su resolución, examina la legislación nacional y europea en materia de protección de infraestructuras críticas y lucha contra el ciberterrorismo y señala que, en el caso de España, llevó al legislador a introducir en el Código Penal este fenómeno dentro de los delitos de terrorismo.

En concreto, en el artículo 573.2 en el que inicialmente encajarían los hechos "en el caso de que su origen hubiera estado auspiciado en la forma y con alguna de las finalidades descritas en dicho tipo penal".

Calama incide, además, en que la "sociedad se basa cada vez más de un complejo sistema de infraestructuras en el que se sustentan los sectores productivos, gestión de servicios, sistema financiero y desarrollo de la vida ciudadana en general".

"Estas infraestructuras son interdependientes entre sí, lo que puede desencadenar problemas de seguridad en cascada a través del propio sistema, con la posibilidad de ocasionar fallos inesperados y graves en servicios básicos para la población, como sucedió en el día de ayer", añade.

Y es que, asegura el magistrado en su resolución, "este tipo de infraestructuras son especialmente atractivas para el terrorismo, por los graves daños que pueden ocasionarse para la población".

El apagón de Ucrania en 2016 como ejemplo

El magistrado recuerda que "el informe sobre Ciberamenazas y tendencias de 2017 del Centro Criptológico Nacional afirmaba que el mayor peligro es el ataque con origen en estados extranjeros". "Así ocurrió en el caso de los ciberataques a compañías de electricidad de Ucrania que, en 2016 ocasionaron un apagón, provocando que millones de personas se quedaran sin energía eléctrica", señala.

En esta línea, el juez Calama insiste en que "los grupos terroristas tratan de aprovechar las vulnerabilidades del ciberespacio para realizar ciberataques".

"Íntimamente relacionado con ello, se halla la amenaza contra las infraestructuras críticas, con la posibilidad cierta de causar un colapso a través de las redes mediante una caída en cadena de los servicios esenciales", concluye.

Además, en su auto destaca "el caso conocido como 'virus de la policía' por la dinámica que siguieron los ciberdelincuentes, en el que fueron juzgados varios ciudadanos rusos, que desde 2011 habrían atacado a usuarios de varios países habiendo más de 300 afectados en España".