Así es el burofax que propone Consumo para prorrogar los contratos de alquiler

El Ministerio de Consumo ha puesto en marcha una nueva iniciativa para animar a los inquilinos a acogerse a la prórroga obligatoria de los contratos de alquiler prevista en el Real Decreto-ley 8/2026, aprobado el 20 de marzo como respuesta a la crisis derivada de la guerra de Irán. Según sus cálculos, esta medida podría beneficiar a cerca de un millón de contratos en España, lo que equivale a más de dos millones de personas.

Como parte de esta campaña, el departamento dirigido por Pablo Bustinduy ha difundido un modelo de burofax muy breve que permite a los arrendatarios solicitar formalmente a sus caseros la extensión del contrato por un periodo de dos años, siempre que cumplan los requisitos establecidos, como que el alquiler finalice antes de 2027. Desde el ministerio insisten en que, si la solicitud se realiza mientras el decreto esté en vigor, el propietario está obligado a conceder la prórroga.

Además, Consumo ya trasladó estas medidas a 13 grandes tenedores de vivienda —que suman unas 100.000 propiedades— mediante una carta firmada por el director general, Daniel Arribas. En ella, se les recuerda tanto la obligación de aceptar las prórrogas solicitadas por los inquilinos como el límite de actualización anual de la renta, fijado en un máximo del 2%, salvo pacto distinto entre las partes. También se les pide actuar con diligencia para aplicar correctamente la normativa y adaptar sus procedimientos internos de forma inmediata.

Sin embargo, la continuidad de estas medidas no está garantizada. La tramitación del decreto en el Congreso presenta incertidumbres, ya que algunas formaciones, como Junts, han mostrado su rechazo. A pesar de ello, desde Sumar, tanto Bustinduy como la vicepresidenta Yolanda Díaz siguen animando a los inquilinos a presentar sus solicitudes cuanto antes.

Por su parte, las organizaciones de propietarios advierten de posibles conflictos legales si el decreto no es finalmente convalidado, y critican al Gobierno por fomentar unos trámites que podrían acabar resolviéndose en los tribunales.