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REFERÉNDUM
La presidenta del Consejo de Estado, Carmen Calvo, considera que la mejor forma de proteger el aborto frente a los vaivenes políticos es incluirlo en el bloque de derechos fundamentales de la Constitución, en lugar de añadirlo al artículo 43 sobre salud como propone el Gobierno. Esto requeriría seguir el procedimiento agravado de reforma, con aprobación por dos tercios del Congreso y Senado, disolución de las Cortes, nuevas elecciones y un referéndum vinculante.
Calvo, exvicepresidenta del Gobierno, señaló que el aborto es un derecho “del tronco de la libertad”, vinculado a los artículos 10 y 15 de la Constitución, y que su blindaje debe garantizarse “de manera certera para la libertad de las mujeres” y no depender de cambios políticos. Aunque reconoce que la vía propuesta por el Ejecutivo es factible, defiende que el bloque de derechos fundamentales es el lugar más adecuado.
La presidenta destacó que esta discusión es “muy relevante para la mitad de la población del mundo” y subrayó que no puede estar sometida a los cambios de color de los gobiernos, pues se trata de un derecho básico que afecta directamente a la libertad de las mujeres. Además, recordó que el Consejo de Estado suele limitarse a emitir dictámenes sin pronunciarse públicamente, pero en este caso ha considerado oportuno expresar su opinión por coherencia con lo que ya ha escrito y publicado sobre el tema.
Calvo puntualizó que aunque existen otras vías para proteger el aborto constitucionalmente, su inclusión en los derechos fundamentales reforzaría su blindaje y aseguraría su permanencia frente a posibles intentos de modificación legislativa. También explicó que la llegada del anteproyecto al Consejo de Estado permitirá abrir un debate interno sobre la ubicación más adecuada de este derecho y espera que se alcance un acuerdo unánime.
Finalmente, recordó que el proceso de reforma constitucional es largo y complejo, pero necesario para garantizar que derechos esenciales no queden sujetos a la voluntad política del momento, y subrayó que su propuesta busca proteger la libertad y seguridad jurídica de las mujeres, asegurando que este derecho no dependa de los vaivenes políticos ni de la coyuntura de gobierno.
El anteproyecto del Gobierno aún no ha llegado al Consejo de Estado, que tendrá dos meses para emitir un dictamen. Calvo subrayó que su opinión pública no revela información confidencial, sino que refleja su postura sobre cómo garantizar jurídicamente este derecho.
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