¿Qué cambia con la nueva Ley de Integridad Pública? Más control a los partidos, penas más duras y una agencia anticorrupción

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el Proyecto de Ley de Integridad Pública, una norma con la que el Gobierno pretende reforzar la lucha contra la corrupción en España. El texto inicia ahora su tramitación parlamentaria en el Congreso y, si sale adelante, introducirá cambios en el control de los partidos políticos, la contratación pública, las sanciones por corrupción y la recuperación del dinero público malversado.

La ley forma parte del Plan Estatal de Lucha contra la Corrupción y persigue actuar en todas las fases del fraude: prevenirlo antes de que ocurra, detectarlo con mayor rapidez, sancionar a los responsables y recuperar los recursos públicos desviados.

¿Qué cambia con la nueva Ley de Integridad Pública?

La norma incluye decenas de medidas, aunque algunas de las más relevantes son las siguientes:

• Se crea una Agencia Independiente de Integridad Pública, que coordinará la prevención, investigación y supervisión de posibles casos de corrupción en las administraciones.
• Los partidos políticos tendrán más obligaciones de transparencia. Deberán publicar las donaciones superiores a 2.500 euros, un umbral mucho más bajo que el actual, y reforzar los controles sobre sus cuentas.
• Habrá un mayor control de la contratación pública. Se hará público el registro de empresas que tengan prohibido contratar con las administraciones y se ampliará la información disponible sobre las licitaciones.
• Todas las administraciones deberán elaborar mapas de riesgo para detectar en qué áreas existe mayor posibilidad de fraude o corrupción, especialmente en contratos, subvenciones o servicios externalizados.
• Se utilizarán herramientas de inteligencia artificial y Big Data para detectar patrones sospechosos en contratos públicos y ayudas.

Penas más duras para los delitos de corrupción

El proyecto también modifica el Código Penal para endurecer las consecuencias de los delitos relacionados con la corrupción.

Entre las principales novedades destacan el aumento del plazo de prescripción de algunos delitos, que pasaría de cinco a siete años, y el incremento de las penas de inhabilitación para contratar con las administraciones, acceder a subvenciones o recibir beneficios fiscales, que podrán alcanzar los 20 años.

Además, se endurecen las sanciones por tráfico de influencias y se refuerza la protección de las personas que denuncien posibles casos de corrupción, con el objetivo de evitar represalias.

Más tecnología y coordinación

Otra de las novedades de la ley es la extensión del sistema MINERVA, utilizado hasta ahora en los fondos europeos para detectar conflictos de interés. Si la norma se aprueba, esta herramienta pasará a utilizarse en todos los procedimientos de gasto del sector público estatal relacionados con contratos, subvenciones y recursos humanos.

El Gobierno también apuesta por mejorar el intercambio de información entre administraciones y cruzar datos de distintos registros para detectar posibles redes de corrupción o influencias indebidas.

La ley inicia ahora su tramitación

El proyecto será remitido al Congreso de los Diputados, donde comenzará su tramitación parlamentaria y podrá incorporar modificaciones mediante enmiendas antes de su aprobación definitiva.

Durante la presentación, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, defendió que la norma busca reforzar la confianza de los ciudadanos en las instituciones y avanzar hacia una política de "tolerancia cero" frente a la corrupción. Desde Sumar también reivindicaron su participación en la elaboración del texto, especialmente en las medidas destinadas a reforzar la independencia de la futura Agencia de Integridad Pública y el control sobre la financiación de los partidos.