Claves de las leyes de discapacidad y dependencia

El proyecto de ley, impulsado por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, llega a la Cámara Baja tras ser aprobado el pasado jueves en la Comisión de Derechos Sociales con el voto en contra de PP y Vox. Si el texto logra salir adelante en el Pleno, continuará su tramitación en el Senado.

Principales novedades en Dependencia

El proyecto de ley introduce transformaciones de calado en la atención a las personas dependientes:

• Fin de las incompatibilidades: Se elimina el régimen actual que impedía compatibilizar determinadas prestaciones.
• Nuevas figuras de apoyo: Se incluye formalmente al asistente personal (para acompañamiento en tareas cotidianas como la compra o visitas médicas) y se amplía el concepto de cuidador, permitiendo que amigos o vecinos reciban la prestación por cuidado.
• Derechos universales y seguridad: Se universaliza el derecho a la teleasistencia y se suprime por completo el uso de sujeciones.

Cambios estructurales en Discapacidad y accesibilidad

La reforma prevé un paquete de medidas específicas encaminadas a la accesibilidad universal y la protección jurídica:

• Vinculación de grados: Se reconocerá de forma automática un 33% de discapacidad a las personas con un grado I de dependencia, y un 65% de discapacidad para aquellas a las que se les asigne un grado II o III.
• Infraestructuras y vivienda: Se creará un Programa Estatal de Promoción de la Accesibilidad Universal para financiar obras en espacios públicos y se modificará la Ley de Propiedad Horizontal para otorgar ayudas económicas a las comunidades de vecinos.
• Protección legal y de consumo: La norma prohibirá la discriminación a personas con discapacidad en la contratación de pólizas de seguros y regulará la figura del facilitador procesal para garantizar su defensa y evitar la indefensión en sede judicial.

Debate presupuestario y el rechazo del PP

• El motivo del rechazo del PP: El principal escollo para el principal partido de la oposición es la ausencia de una memoria económica y presupuestaria. El diputado popular Enrique Belda condicionó un posible apoyo en el Pleno a que se aclare la financiación futura: "Si nos dicen cómo pagan a partir de 2027 las nuevas prestaciones, podemos llegar a un acuerdo".
• La postura del Gobierno: Desde el Ministerio de Derechos Sociales se apela a la unanimidad y se recuerda la reciente inyección de 6.200 millones de euros aprobada por el Ejecutivo para los años 2026 y 2027, destinada a ampliar los fondos que se transfieren a las Comunidades Autónomas.
• Financiación garantizada por ley: Como novedad, el texto incorpora una enmienda que blinda jurídicamente que el Gobierno central asumirá el 50% de la financiación en materia de dependencia. La actual norma no especifica la inversión del Ejecutivo, sino que estipula que la aportación de cada CC AA debe ser, como mínimo, igual a la de la Administración General del Estado. De ratificarse la próxima semana, la inversión para dependencia quedaría blindada por ley.