España urge de 50.000 plazas para personas dependientes

La protección social en España se enfrenta a un cuello de botella histórico. Según el último análisis exhaustivo de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, el sistema residencial español es incapaz de seguir el ritmo del cambio demográfico. Si en 2014 la brecha para alcanzar la ratio recomendada por organismos internacionales (5 plazas por cada 100 mayores de 65 años) era de 53.103 plazas, al inicio de 2026 esa cifra se ha disparado hasta las 96.916 vacantes pendientes.

Este desfase responde a una progresión aritmética según la cual en el último cuatrienio, la oferta de plazas creció en algo más de 23.000 unidades, un esfuerzo inversor que, sin embargo, resulta insuficiente frente a una población de mayores de 65 años que ha aumentado en más de 800.000 personas en el mismo periodo. Al comenzar 2025, el país contaba con 412.109 plazas, con una ocupación media del 82,4%, lo que evidencia que la demanda no solo es teórica, sino que el sistema está operando cerca de su límite operativo en las zonas de mayor presión.

La lista de espera

El núcleo más crítico de esta crisis se encuentra en la atención a la dependencia severa. Se estima que España necesita, de manera urgente e inaplazable, al menos 50.000 plazas residenciales adicionales solo para cubrir la demanda de personas con Grado II y Grado III. Los datos oficiales del SAAD a finales de 2025 revelan un panorama desolador: más de 48.000 personas con estos grados ya reconocidos están en lista de espera, a las que se suman otras 57.000 pendientes de valoración que, con alta probabilidad, requerirán atención especializada de larga duración.

La Asociación denuncia que miles de Planes Individuales de Atención (PIA) no son efectivos, lo que significa que, aunque el derecho está reconocido sobre el papel, la plaza concertada o la prestación vinculada no llega al ciudadano. A esto hay que añadir el fenómeno de las revisiones de grado por empeoramiento de salud; una buena parte de estas solicitudes se realizan para optar a una plaza residencial ante la imposibilidad de seguir siendo atendidos en sus hogares.

El modelo de financiación y una inadecuada distribución

Un dato clave para entender el sector es que 7 de cada 10 plazas en España (el 71,1%) cuentan con financiación pública, ya sea a través de centros de titularidad pública, plazas concertadas o prestaciones vinculadas al servicio. Aunque la cobertura de plazas públicas ha alcanzado su máximo histórico (2,88 por cada 100 mayores), el modelo sigue cojo. La ambiciosa estrategia de “desinstitucionalización” planteada por el Ministerio de Derechos Sociales en 2023, que buscaba fomentar que las personas envejecieran en sus casas, no ha pasado de ser una declaración de intenciones.

El fracaso de esta estrategia se refleja en la precariedad de la ayuda a domicilio. Con una cobertura de apenas el 5,8% y una intensidad de cuidados que no llega a las 24 horas mensuales (menos de una hora al día), es imposible que una persona con dependencia severa permanezca en su hogar de forma segura. Esta carencia de servicios domiciliarios acaba expulsando a los mayores hacia las residencias o, en su defecto, obliga a que el peso de los cuidados recaiga de forma abrumadora sobre las familias, perpetuando una brecha de género donde las mujeres siguen siendo las principales cuidadoras no remuneradas.

A nivel geográfico, Andalucía y la Comunidad Valenciana concentran el 65,3% del déficit total del país, con una carencia conjunta de más de 63.000 plazas. En estas regiones, la planificación administrativa no ha logrado compensar el aumento de la longevidad. En el extremo opuesto, Castilla y León se mantiene como el referente de cobertura, con un superávit de 16.712 plazas que le permite ofrecer una atención mucho más ágil.

Sin embargo, el informe advierte sobre la “trampa de la ocupación”. Mientras cinco comunidades (Extremadura, Canarias, Castilla-La Mancha, Baleares y Madrid) rozan el lleno técnico con ocupaciones superiores al 95%, otras regiones como el País Vasco o Asturias presentan porcentajes de ocupación llamativamente bajos. Esto sugiere, según los expertos, una inadecuada distribución geográfica de los centros o un coste económico tan elevado en las plazas privadas que las hace inaccesibles para la renta media de los jubilados de esas zonas.