Comienza el proceso de demolición del hotel del Algarrobico

El Gobierno de España, a través de la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha comunicado que en el Consejo de Ministros de este martes se aprobará un acuerdo clave para declarar la utilidad pública de las parcelas donde se encuentra el hotel ilegal de la playa del Algarrobico, en Almería. Este acuerdo forma parte de un proceso para expropiar los terrenos y proceder a la demolición del hotel, una estructura que ha sido objeto de controversia y que se sitúa dentro del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar, un área protegida de gran valor ecológico.

Montero destacó que con esta medida se busca “poner fin al mayor atentado medioambiental” en esta zona tan emblemática, promoviendo la “inmediata restauración ambiental” de la playa. La ministra también subrayó que el hotel representa un “símbolo de la depredación inmobiliaria”, ya que su construcción no respeta el espacio natural, daña el litoral y vulnera las normativas medioambientales, especialmente la Ley de Costas. Además, mencionó que este proyecto urbanístico, que ha estado bloqueado durante más de 20 años debido a diversas resoluciones judiciales que rechazan su legalidad, es ahora una prioridad para el Ejecutivo.

El Gobierno podrá actuar sobre la parte del terreno que forma parte del dominio público marítimo-terrestre, es decir, los primeros 100 metros desde el mar, ya que esa franja pertenece al Estado. Sin embargo, Montero precisó que el resto del terreno, que está fuera de esta zona, está bajo la competencia de la Junta de Andalucía, por lo que instó a la comunidad autónoma a que también adopte medidas y coopere en el proceso. Aseguró que la colaboración entre administraciones será esencial para llevar a cabo una demolición efectiva del hotel y restaurar el paraje natural de forma integral.

Como parte de este proceso, se convocará la Comisión de Seguimiento para la recuperación de la playa de El Algarrobico, que fue creada en 2011 y que ahora, según la ministra, necesita un “impulso definitivo” para alcanzar una solución. Si la Junta de Andalucía no acepta colaborar, el Gobierno español ha dejado claro que tomará las medidas necesarias para proceder con la demolición y restauración de la playa de manera unilateral. Montero subrayó que este paso no solo es un acto de justicia medioambiental, sino también un acto de justicia para los almerienses, los andaluces y todos los españoles, reiterando la importancia de recuperar un espacio natural tan valioso para el país, que representa un patrimonio de todos.