ASÍ VOTARON LOS CASTELLANOLEONESES
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NINGÚN VOTO EN CONTRA
El Pleno del Congreso ha aprobado este miércoles con 345 votos a favor y ninguno en contra conceder el suplicatorio solicitado por el Tribunal Supremo para investigar al exministro José Luis Ábalos por el llamado "caso Koldo". El debate ha tenido lugar en una sesión secreta, como establece el Reglamento, al igual que la votación.
Ábalos había solicitado al Congreso retrasar esta votación hasta que el Tribunal Supremo resolviera el recurso de súplica que presentó contra la decisión del instructor del caso, Leopoldo Puente, de solicitar que se le despojara del fuero parlamentario, pero la Presidencia de la Cámara rechazó la petición amparándose en los argumentos de los letrados, que no la veían pertinente.
Durante el debate ha intervenido el presidente de la Comisión del Estatuto, el popular Manuel Cobo, para exponer las conclusiones de este órgano, que la semana pasada aprobó por unanimidad conceder el suplicatorio, también en una sesión a puerta cerrada.
También han tomado la palabra un representante de Vox, y el portavoz del Grupo Popular, Miguel Tellado, quien ha hecho una exposición general sobre la situación que, a su juicio, atraviesa el Gobierno por los casos de corrupción que le afectan.
Con el de Ábalos el Congreso ha aprobado 34 suplicatorios y ha rechazado 14 (dos de ellos sobre el mismo diputado). La última negativa del Congreso data de 1988 y se refiere a un contencioso por derecho al honor que tenía como protagonista al exministro socialista José Barrionuevo y el hermano de un etarra (el ahora arrepentido Soares Gamboa) por incluir sus fotos en carteles de Interior.
El anterior suplicatorio que salió adelante data de septiembre de 2022, cuando la Cámara dio vía libre al Supremo para investigar al fuera diputado del PP Alberto Casero por presuntos delitos de prevaricación y malversación, por contratos que realizó como alcalde de Trujillo (Cáceres).
En aquella legislatura se concedieron también suplicatorios a la expresidenta de Junts Laura Borràs, que acabó condenada por haber fraccionado contratos en favor de un amigo en su etapa de directora de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC) y a Alberto Rodríguez, que era diputado de Podemos. El Supremo le condenó por haber propinado una patada a un policía en una manifestación antes de ser diputado. Le impuso una multa y le inhabilitó para concurrir a las elecciones, lo que le costó el escaño, aunque después el Tribunal Constitucional anuló la condena, pero ya no pudo recuperar su acta.
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